La ciudad catalana de Vic era hasta hace treinta años una ciudad encantadora y levítica. Una generación después, en la ciudad viven alrededor de 40.000 personas, de las cuales, alrededor de ocho mil son inmigrantes, la mayoría de origen africano. Vic está hoy en la televisión y en los papeles por obra de una iniciativa de su ayuntamiento que desprende el insoportable aroma de la xenofobia. Hablo de xenofobia porque a ese registro remite la medida de negar el empadronamiento a los inmigrantes «sin papeles» que residen en la ciudad. Veto que apareja el extrañamiento de los servicios sociales.
Los munícipes (una coalición de partidos CiU, PSC, ERC) aducen que se han limitado a aplicar la nueva Ley de Extranjería que exige pasaporte visado para entrar en España a quienes no procedan de países de la UE. La nueva ley dice eso, pero también lo decía la anterior y hasta ahora a nadie se le había pasado por la cabeza negar el empadronamiento a quienes podían acreditar que vivían y trabajaban allí donde querían registrarse. El problema es otro. En el propio consistorio tienen asiento concejales que pertenecen a un grupo de extrema derecha (Plataforma por Cataluña) cuyos mensajes xenófobos les han llevado a donde están aprovechándose, entre otras cosas, de una de las secuelas de la crisis: el miedo de los trabajadores más humildes a perder el puesto de trabajo ante la presencia de mano de obra inmigrante más barata y más dócil.
El temor al crecimiento de este partido en el ámbito municipal está detrás de la iniciativa del alcalde (un «bien pensante» de UDC, partido democristiano) y de sus colegas del PSC. Hablo de xenofobia —miedo al extranjero—, porque no quiero pensar que se trata de racismo: odio al otro. Odio al venido de fuera. Malos tiempos.
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