El conflicto del agua y las autonomías

Manuel García Ferrando

Los sucesivos pactos que han tenido que hacer tanto el PSOE como el PP con los partidos nacionalistas para asegurarse el gobierno tanto en el ámbito estatal como en los entornos autonómicos, han venido acompañados en estas últimas tres décadas de numerosas concesiones. Han sido tantas y tan diversas estas concesiones que, al tiempo que alejaban a la realidad social y política del espíritu de la transición que hizo posible el pacto constitucional y la España de las Autonomías, han dado pie a una espiral de competencias que parece imposibilitar de hecho la puesta en marcha de proyectos de alcance nacional-estatal, en los que la visión de Estado prevalezca sobre los intereses regionalistas autonómicos.
El logro de un acuerdo para poner en marcha una política hidráulica que conduzca a un nuevo Pacto Hidrológico Nacional, parece estar en estos momentos fuera de las agendas que, de manera realista y pragmática, vayan a establecer los dos grandes partidos nacionales de cara a las próximas elecciones legislativas de 2011. Sin embargo, los gobiernos valenciano y murciano parecen decididos a mantener más vivas que nunca sus reclamaciones para conseguir más agua trasvasada del Ebro y del Tajo para sus respectivas regiones, como se está poniendo recientemente de manifiesto con las iniciativas en tal sentido del presidente Camps, bien secundado por el presidente murciano Valcárcel.
Sin cuestionar la legitimidad de las actuaciones y reclamaciones del presidente valenciano, posiblemente bien recibidas y valoradas por amplios sectores de la población valenciana, votante potencial del PP, el marco político actual en España puede conducir a una situación en la que las iniciales reclamaciones al Gobierno de Madrid, como responsable de la derogación del Plan Hidrológico que en su día iniciara el Gobierno de Aznar, se vuelvan lanzas contra el propio PP nacional, como se está poniendo de manifiesto con el velado apoyo que está dando el PP de Castilla-La Mancha a los intentos de recoger en los estatutos de esta Comunidad Autónoma el reconocimiento de una reserva hídrica que, de hecho, dificultaría cuando no impediría el trasvase Tajo-Segura tal como ha venido produciéndose desde su puesta en marcha en 1979. A todo esto hay que añadir, para hacer las cosas más difíciles para la coherencia de la política hidráulica que pueda defender el PP nacional, la diferencia de criterios que mantiene al respecto el PP alicantino con la postura de Camps y el PP valenciano, y todo ello sin olvidar el rechazo desde Aragón y Cataluña a las reivindicaciones valencianas y murcianas.
En este marco de enfrentamientos entre Comunidades Autónomas y entre los representantes del PP en cada una de ellas, las posibilidades de las peticiones de más agua trasvasada para la Comunidad Valenciana y Murcia tienen escasas por no decir nulas posibilidades de lograr resultados prácticos. Ahora bien, dado que el problema del agua en estas regiones mediterráneas es una realidad que habrá que abordar y solucionar con acuerdos que comprometan a los dos grandes partidos nacionales, me pregunto si no sería más aconsejable cambiar el tono de las reivindicaciones tal como se vienen produciendo hasta ahora.
Un cambio que las desplace al necesario debate y acuerdos previos que habrá que alcanzar con respecto a los regadíos que pueden y deben desarrollarse en España –no olvidemos que en un país seco como éste cerca del 80% de sus recursos hidráulicos se dedican a la Agricultura, lo que no deja de ser un contrasentido-, sin olvidar la necesidad de introducir instrumentos económicos de mercado en el desarrollo de las acciones que se emprendan y que concilien las inversiones públicas con las privadas. Porque sin amplios acuerdos políticos que favorezcan una Nueva Cultura del Agua, las reivindicaciones de más agua envueltas en las consabidas broncas políticas pueden conducir a ninguna parte.

Catedrático de Sociología. Universitat de València