Nuestros políticos y la multinacional sueca Ikea han chocado no tanto por una cuestión de córrete allá unos metros, cuanto por la filosofía de unos y otros. La empresa está sin duda más que habituada a lidiar con los gestores públicos españoles, pero estoy convencido de que nunca se las ha tenido que ver con unos como los valencianos. Lleva una década —diez años, sí— peleando con políticos y empresarios locales para sacar adelante un proyecto en el que por supuesto es la primera interesada, pero que también conlleva ventajas para el territorio en el que se ubique, tal como demuestran las experiencias previas. Y cuando todo parecía encarrilado, parece lógico que intente proteger sus cuentas de resultados —más en épocas de crisis como la actual— con un proyecto cerrado y sin posibilidad de sobrecostes. Todo lo contrario a lo que está habituada la mayoría de nuestros políticos, acostumbrados a saltarse a la torera los presupuestos para pagar multimillonarios sobrecostes en obras sin justificaciones muy claras. Por eso, al final la ruptura quedó en una tormenta en un vaso de agua: a todos los interesa que el proyecto salga adelante
Cuentas evanescentes. Asisto estupefacto a la cascada de datos catastróficos con la que nuestros empresarios hosteleros amenazan si se lleva a cabo la anunciada reforma de la ley antitabaco. Y es que no consigo entender de dónde sacan esas previsiones, cuando la realidad en los países que ya han implantado la prohibición total es exactamente la contaria: no sólo no se han cerrado establecimientos y perdido empleos, sino que incluso en algunos casos han aumentado.