La historia interminable en que parece haberse convertido la implantación de Ikea en Valencia ha vivido desde el pasado sábado un sainete más propio de un país de opereta que de una sociedad desarrollada y con unos cauces de negociación normalizados. Los diez años que la multinacional sueca lleva intentado sacar adelante su proyecto —primero Mislata, luego Alfafar, ahora Paterna— representan un fracaso de todas las partes: la compañía, los empresarios locales y los políticos. Se trata de un proyecto de interés obvio para su promotor pero que también es dinamizador del entorno en el que se ubica, como demuestran los numerosos casos existentes ya en España, entre ellos el más cercano, el de Murcia, adonde acuden miles de valencianos cada vez que pueden.
Obviamente ello no significa que las administraciones tengan que aceptar cualquier cosa que Ikea se proponga. Pero no es menos cierto que la compañía está en su derecho de rechazar condicionantes que puedan lastrar la rentabilidad de sus planes. Resulta chocante, en todo caso, la ausencia en todo este proceso de la Generalitat, que se ha limitado hasta ahora a un papel más bien pasivo cuando la importancia del proyecto para el conjunto de la economía y de la ordenación territorial haría necesaria una implicación mucho más activa —por ejemplo, en la tramitación de los accesos— en vez de dejarlo todo en manos de un alcalde que por muy buena voluntad que tenga, no puede disponer de todos los recursos necesarios para garantizar el éxito final.