La crisis, el PP y los servicios públicos

El pasado noviembre, la Federación de Servicios Públicos de la UGT en el País Valenciano celebró su 6.º congreso nacional ordinario, presidido con el lema Frente a la crisis, más y mejores servicios públicos. Y decidimos este lema porque sabíamos que para los elementos más reaccionarios, tanto en España como en nuestra Comunitat, la crisis económica supondría una excusa perfecta para desempolvar una vieja aspiración aunque ellos la planteen como nueva, y no es más que el debilitamiento, externalización o privatización de los elementos rentables del Estado de Bienestar.
Frente a esta posición claramente conservadora, en la FSP-UGT mantenemos con rotundidad que el orden social que materialice los derechos de las personas no puede ser solamente el orden económico, sino que ha de estar por encima y más allá de los intereses, enfrentamientos y competitividad que éstos fomentan. La satisfacción obligatoria de esas finalidades requiere una plena acción pública en la que no interfieran los avatares del mercado, las quiebras y las crisis, que hoy lamentablemente son bien visibles.
Para evitar que el bienestar de los ciudadanos sufra los efectos de las cambiantes coyunturas empresariales han de ser las administraciones públicas en sus distintos niveles las que gestionen los organismos y sistemas técnicos encargados de proporcionar los servicios que han ser necesariamente asequibles a todos. Para nosotros, es imprescindible que esos servicios sean sufragados también por el conjunto social, mediante el instrumento fiscal, que con sus limitaciones se ha demostrado como muy justo. Es decir, seguimos reivindicando una sociedad más justa y más solidaria, cuya riqueza se redistribuya a través de unos servicios públicos suficientemente sufragados por los impuestos, una sociedad donde el que más tiene más contribuye sin que por ello tenga más derechos.
En estos días estamos asistiendo de nuevo a otra ofensiva de la derecha al Estado de Bienestar. En la recientemente celebrada convención del PP valenciano hemos podido comprobar cómo de nuevo la reducción del empleo público, la congelación salarial de los empleados públicos, la externalización de áreas de gestión, reaparecen con la finalidad de provocar cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas para cuestionar permanentemente los modelos de gestión pública, introduciendo el falso debate sobre quién es el más indicado para proveer y gestionar los servicios. Pero ¿cómo podrá ser más eficaz una Administración si se le priva de recursos humanos y económicos?, ¿cómo se podrá realizar una eficaz acción preventiva en la extinción de incendios si reducimos las plantillas?, ¿cómo se realizarán los diagnósticos y tratamientos de nuestros hijos en los colegios si despedimos a los componentes de los gabinetes psicopedagógicos municipales?, ¿cómo garantizaremos la correcta aplicación de la llamada Ley de Dependencia si no contamos con el personal adecuado para ello?, ¿qué futuro le espera a nuestra sanidad pública si finalmente acaba gestionada por uniones temporales de empresas sobre las que no se realiza ningún tipo de control público?
En definitiva, nosotros seguiremos aspirando a que se hagan realidad aquellos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la solemne Declaración Constitucional donde se afirma que la Administración pública sirve con equidad a los intereses generales. Por ello nos hemos vuelto a comprometer a cambiar la preocupante realidad de los servicios públicos valencianos, donde a nuestro juicio se observa un claro deterioro de los mismos que reduce día a día el derecho de los ciudadanos de nuestra Comunitat a ver satisfechas sus demandas, menoscabando incluso la democracia y la libertad en su sentido más profundo.