La ley civil en el reino de Dios

El periódico Levante-EMV nos informaba la pasada semana sobre la sentencia que condena al Arzobispado de Valencia a pagar a los herederos de un ciudadano de Gandia, por incumplir las cláusulas testamentarias, la cantidad de 2,2 millones de euros más las costas judiciales. La noticia es muy importante para los ciudadanos de un Estado de Derecho y, según la Constitución de 1978, un Estado «aconfesional», porque sienta un precedente interesante para la Justicia y, por ende, para el futuro de los feligreses y ciudadanos que, como en el caso de la Herencia Nadal de Ontinyent, observan atónitos cómo se ignora como se cumple la voluntad de doña María Nadal de beneficiar a su pueblo mediante un legado de 3.000 millones de pesetas a la parroquia de Santa María, para la realización de obras sociales, culturales y materiales.
Tanto el Arzobispado de Valencia, que maneja los depósitos financieros y sus rentas de más de 150 millones de pesetas al año (al 5%) y sin pagar a Hacienda, como el párroco de Santa María, mantienen con total opacidad desde hace 5 años la administración de la herencia y la forma en que cumple el mandato de la testadora.
Nos congratula saber que el caso de Gandia, protagonizado por el arzobispo García Gasco y resuelto por la Justicia, es el inicio de un debate pendiente en muchos ámbitos de la sociedad española, y especialmente en la valenciana: el límite de las fronteras entre el Derecho Civil o Penal y el Derecho Canónico, y viceversa. Ya va siendo hora de acabar en el Reino de España con las prebendas a la jerarquía católica, especialmente, en materia monetarista.
Sentencias como la mencionada deberían romper esa línea de comportamiento de la jerarquía católica española y marcar el límite de prerrogativas de la Iglesia. No es asunto baladí, puesto que estábamos acostumbrados a una situación ambigua en la que muchos obispos pretenden acogerse al Derecho Canónico para interpretar situaciones administrativas o hereditarias que no se deben sustanciar según criterios de la Signatura Apostólica del Estado Vaticano, sino de acuerdo a las leyes constitucionales y democráticas del Estado Español.
Todo este asunto de herencias distraídas de sus términos legales o incumplimientos de las voluntades de los donantes, se suma a esos caudales invertidos por la administración pública en La Luz de las Imágenes, el proyecto del Templo Ecuménico de Oliva no realizado, las visitas papales con los manejos gurtelianos de TVV en el Encuentro de las Familias, las inversiones negativas en operaciones financieras de bolsa, etcétera, que tanto dinero cuestan al contribuyente. Como los gastos inútiles en ornamentaciones de templos, boatos, luminarias y obras materiales que sólo buscan el confort y el bienestar de esa jerarquía católica que nada tiene que ver con el sentido cristiano del Concilio Vaticano II y su documento más importante Dignatis Humanae, que habla de una Iglesia en una sociedad civil, plural y democrática. Un documento conciliar que puso en su sitio a muchos obispos envueltos aún en la nube del nacional-catolicismo y empeñados en mantener el sueño dogmático y apartarse de la primera Bienaventuranza: «Dichosos los pobres…».
Pronto recordaremos los 120 años (13-03-1890) del nacimiento de la gran benefactora, doña María Nadal, que preocupada por los problemas sociales del pueblo de Ontinyent legó su fortuna, cuantificada por expertos en más de 280 millones de euros. De esta imponente cifra habían más de 100 millones (ventas de fincas de 2004 y 2005) para seminaristas pobres, misioneras de África, Cáritas de Ontinyent, parroquia de Estepona, Parroquia de Santa María y Casa de Santa Ana, ambas de Ontinyent. Oscuridad total sobre las transacciones que hizo el obispado de Málaga y su exacta aplicación a cada legado. Sólo sabemos de los 23,3 millones de euros que llegaron a Ontinyent, y cuyo dinero el párroco de Santa María desvió a Palacio por aquello del Código Canónico, aunque para cobrar se sirvió todo el mecanismo del Código Mercantil.
Visto lo visto y publicada la sentencia sobre lo que no se puede hacer con los testamentos que las buenas personas confían a la Iglesia, sólo nos resta recomendar a la jerarquía eclesiática que cada día lean las palabras de Jesús: «Buscad el Reino de Dios y su Justicia, lo demás se os dará por añadidura» (Mateo. 6.33) O hacer lo que el jesuita Díez-Alegría, el fallecido obispo Joan Carrera o el emérito obispo Pedro Casaldáliga: «Jesús es el prototipo del pobre y el justo atropellado. No se puede servir a Dios y al dinero».