Durante los días 13 a 15 de este mismo mes, y organizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, tuvo lugar en Valencia el I Congreso sobre Modelos de Gestión del Patrimonio Arqueológico en el siglo XXI. La cita, que reunió a un buen número de técnicos y responsables políticos de las 17 comunidades autónomas, junto a otros gestores públicos y actores de la iniciativa privada, adquiere su verdadera magnitud si valoramos el hilo conductor que ha planeado sobre la misma, y que no es otro que la ratificación del interés que el patrimonio arqueológico suscita entre una ciudadanía cada vez más sensibilizada hacia unos referentes que los siente y valora como propios. Desde esta premisa, la celebración de este congreso, primero de este nivel en lo que llevamos de siglo, puede considerarse ya como un acierto en sí mismo, algo que sitúa a la Comunitat Valenciana en un muy digno lugar dentro de la arqueología española.
El congreso ha evidenciado, y así lo han constatado todos los participantes, la creciente importancia de la «arqueología preventiva», es decir, todas las medidas y actuaciones que, partiendo de una noción del patrimonio sostenible y abierto a la sociedad, se vienen aplicando para lograr tanto una preservación y conservación rigurosa del mismo, como una puesta en valor amena y participativa de sus bienes y parajes. Así, se ha puesto de manifiesto una vez más no sólo la actuación de oficio de las instituciones locales, sobresaliendo, lógicamente, la Generalitat, a la hora de promover un umbral de protección jurídica y un desarrollo normativo lo suficientemente vinculante y poderoso como para llevar a cabo ese objetivo. Baste decir que a lo largo de los últimos años se ha producido un avance sustancial en ciertos aspectos desarrollados por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, como puedan serlo la obligatoriedad de presentar informes patrimoniales en los estudios de impacto medioambiental antes de acometer cualquier obra, ya sea pública o privada; el establecimiento de entornos mínimos de protección a los bienes de interés cultural (BIC) hasta que no se formalice su completa definición; el impulso a nuestras bases de datos, con ya más de cinco mil yacimientos perfectamente inventariados y localizados, así como la obligatoriedad con la que los ayuntamientos deben adaptar sus catálogos patrimoniales de acuerdo con la referida ley. Esta protección jurídica llevada a efecto por esta dirección general se ha evidenciado en casos tan notorios como los hallazgos de las villas romanas aparecidas en l´Énova con motivo de las obras del AVE, revalorizadas y fortalecidas en su protección, o en el yacimiento neolítico del Prat de Cabanes, un enclave especialmente sensible que se ha descubierto con motivo de las actuaciones de urbanización de un complejo turístico, por citar sólo algunos ejemplos.
En el congreso ha habido tiempo para aunar criterios, compartir experiencias, acordar acciones conjuntas y comprometerse a nuevos retos, uno de los cuales, la necesaria agilización de los trámites, ha cobrado especial relevancia. Han sido unos días, en mi opinión, en que se ha trabajado intensamente y en los que se ha depositado una gran carga de ilusión y profesionalidad al constatar, una vez más, que los tiempos cambian, cada vez con mayor celeridad y efectos, y con ellos, como es lógico, la arqueología, la cual. como ámbito profesional, de investigación y motor económico. está llamada a situarse en un lugar de preferencia respecto a su relación con la sociedad. Una relación que ésta ya no la contempla, por fortuna, como una actividad obsoleta de gabinete decimonónico, ni como parte del interés de un cenáculo de académicos, sino como una herramienta de interacción social, económica y cultural abierta a todos (expertos, docentes, poderes públicos y ciudadanía) y de la que tantas cosas positivas hemos aún de esperar.
De todo ello se ha hablado durante unos días cuyo agradable recuerdo, en lo profesional pero también en lo personal, refuerza nuestro ánimo por seguir trabajando. Ése es el ideario que mueve a esta dirección general, un organismo de servicio público cuya acción puede lograr tanto éxitos, y no hay mejor éxito que el trabajo continuado, como incurrir en algún que otro error, algo de lo que, por descontado, nadie puede dudar que se pueda dar. Si bien tampoco nadie puede dudar, a la vista de un análisis medianamente objetivo, ni de la profesionalidad de nuestros arqueólogos y expertos ni, y ya en términos generales, de la actitud de firme compromiso que venimos manteniendo con el patrimonio arqueológico valenciano.
Directora general de Patrimonio Cultural Valenciano