Por las libertades de la República

Sería fácil recibir con vena irónica la propuesta del Partido Popular acerca de la necesidad de una especie de «contrato de integración» para los inmigrantes que garantice su voluntad y empeño en volverse ciudadanos de esa España que hemos conocido a lo largo de, digamos, los últimos dos siglos. Abundarán quienes tiren por la vía del sarcasmo. Pero el problema, existe: lo pone de manifiesto el simple hecho de pasearse por los barrios más deprimidos de cualquiera de las grandes ciudades españolas e incluso de los pueblos. Acaba de estallar con la violencia de los intentos de Vic y Torrejón de negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles, dejándoles abandonados a su suerte sin colegios ni hospitales. La respuesta de que la ley obliga a inscribir a todos los que lo soliciten es un puro artificio formal porque la cuestión de fondo sigue ahí: hay un número cada vez mayor de personas que llegan a nuestro país, ya sea con un contrato de trabajo o merced a las abundantes fórmulas que la suma de desesperación, picaresca y mafias ofrece. Merecen ser tratados como seres humanos. Pero algunas de esas personas cuentan con costumbres, estilos de vida y valores del todo alejados de los que han sido norma aquí, en España, por más que también entre nosotros haya habido –por fortuna– cambios espectaculares en la forma de ser. ¿Qué hacer cuando esa diferencia, amén de existir, genera conflictos? ¿Ignorarla de manera tan cómoda como peligrosa? ¿Proclamar bobaditas al estilo de la que sostiene que todo es respetable, como si ese «todo» incluyese sólo ideas armónicas y benevolentes?
El conflicto ha estallado dos veces en los últimos tiempos en Francia, ligado a los episodios del velo musulmán. Las autoridades francesas –y no sólo Sarkozy– han optado por algo muy similar a lo que propone ahora el PP: para ser ciudadano francés hay que compartir los valores de la República. Y, entre ellos, el de la libertad está muy por encima del derecho a la diferencia. Dicho de otra manera, en Francia no se tolera que una mujer sufra ablación del clítoris u ocultación del rostro. Ni siquiera aunque ella lo solicite. ¿Qué libertad es esa? A mi entender, la de la Ilustración francesa que ya me gustaría a mí que fuese también la nuestra. La que sostiene que es el conjunto de los ciudadanos, al margen de su sexo, el que tiene unos derechos iguales que, si se atropellan en un caso particular, la herida alcanza a todos. Las diferencias caben, en un saco tan amplio. Nos afectan a los muy distintos españoles de antes; existen, de hecho, también entre los nuevos españoles, los inmigrantes de muy distinta condición y cultura. ¿Sabremos poner los límites para que esa diferencia no se traduzca en barbarie? Quizá el contrato de integración sea una salida poco operativa pero algo habrá que hacer. Al margen de aguardar a que el problema se agrave a medida en que la población con valores inaceptables para la República crezca y las leyes de la democracia conviertan en mayoría lo que ahora a algunos les parece un problema menor.