La crisis económica trae también malas noticias para los inmigrantes. Si en los tiempos de expansión económica este país los necesitaba para múltiples oficios, la recesión actual ha liquidado en gran parte los mercados laborales que podían emplearlos. La inmigración ha sido y es para la Comunitat Valenciana una bendición y quienes han venido hasta nosotros huyendo de la inexistencia de oportunidades en sus países de origen para mantener las mínimas expectativas de calidad de vida han beneficiado nuestra economía y, en consecuencia, también ellos han participado de los derechos y asistencias que garantizan la Constitución y las leyes que de ella se derivan para todo ciudadano.
Cierto es que se han dado y se dan casos de explotación absolutamente insoportables pero, una vez detectados, han trascendido a la instancia judicial correspondiente; también se han dado y se dan expresiones de racismo y xenofobia, actitudes que rechaza la mayoría social y son convenientemente repudiadas.
En los tiempos que corren, si el conjunto de la población autóctona ya sufre privaciones y dificultades, el colectivo de la inmigración, más frágil y expuesto, todavía ve más agravadas sus condiciones de vida. Estas circunstancias generan incomodidades en determinadas zonas de España, especialmente entre círculos muy predispuestos a ver irracionalmente la inmigración como un problema. Y así, el caso reciente de Vic es prototípico de cómo los políticos se pliegan con sus decisiones al supuesto malestar social, pues antes de atenerse a una obligación de justicia y de mantener una disposición al didactismo prefieren limitarse a sus intereses electorales. Por fortuna, en la sociedad valenciana no hay síntomas de que pueda iniciarse una deriva tan absolutamente preocupante.