Paradojas de la ley de extranjeria

Jaime Bru Soler

Lo primero que hay que tener claro es que un inmigrante en situación irregular es objeto de sanción administrativa grave susceptible de expulsión por la Ley de Extranjería. Sin embargo, esta misma normativa señala que si logras sobrevivir en España 3 años (sin salir del país), te escondes de la Policía y de la Guardia Civil, al final por medio de la figura denominada «arraigo Social» se puede obtener la residencia legal. La Ley «premia» a los inmigrantes ilegales que no les cogen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en tres años, con la ansiada residencia legal.
Luego está la figura del empadronamiento. Según la ley, una de sus funciones del padrón es saber que hay ciudadanos que no son regulares pero que tienen sus derechos sociales, como el derecho a la sanidad y a la educación. El padrón es estrictamente un sistema de control de quienes viven en uno u otro ayuntamiento. Todos los días se ven policías deteniendo a pobres «sin papeles» que van a trabajar donde buenamente pueden de manera irregular, en condiciones inhumanas y explotados por los empleadores, mientras estos infortunados inmigrantes ilegales intentan llegar a los 3 años que la Ley de Extranjería les requiere.
Tanto que se quiere perseguir la inmigración ilegal, ¿por qué no se pone la policía a la puerta del padrón para detener a los ilegales?, ¿por qué la policía coloca al final de una autopista un radar para «enganchar» a cualquier conductor despistado que debe ir 60 Km/h?, ¿por qué se pone la Guardia Civil a las salidas de los salones de boda para hacer controles de alcoholemia?. Aunque le Ley no lo dice, supongo que la respuesta a la primera pregunta es que el padrón debe estar considerado como una «Embajada Universal», como un territorio extranjero.
Por lo tanto, ya que la Ley de Extranjería es ambigua, no es descabellado ni mucho menos lo que pensó el ayuntamiento de Vic, pero he de decir que lo que pretendía hacer el Consistorio catalán era totalmente ilegal, pues la ley lo prohíbe rotundamente. Eso sí, el Ayuntamiento de Vic, dando marcha atrás y dentro de la legalidad, anunció que va a empadronar a todo el mundo, pero informaría a la Policía Nacional cuando inmigrantes sin la documentación en regla quieran empadronarse en esta localidad y en 3 meses no demuestren que están legales, con lo que se ahorrarán muchos costes policiales, se dejará de ir siguiéndolos por los campos de naranjas, restaurantes, obras, etc.
En mi modesta opinión acciones como la de Vic, al final, van a venir bien a todos, ya que ha encendido todas las alarmas sobre la actual normativa de extranjería. Así que a todo esto hay que verle la parte positiva del conflicto, que aunque parezca mentira, ha sido el primer paso para el cambio tan necesario sobre todo para los pobres inmigrantes que vienen a nuestro país a evolucionar. Por ellos y por todos hay que hacer una nueva Ley