Los datos de la asociación de empresas constructoras de ámbito nacional, Seopan, son los más certeros a la hora de analizar en qué obras han invertido las distintas administraciones públicas, porque son las beneficiadas o perjudicadas de las distintas políticas. Por eso adquiere un notable relieve su informe anual que dieron a conocer ayer. La bajada de un 10,7% en la Comunitat Valenciana refleja, evidentemente, la corriente de recorte que ha desatado la crisis económica, pero encierra alguna lectura como el hecho de que la administración del Estado ha reducido su apuesta constructiva en un 37,8% y que la Generalitat lo ha rebajado en un 25,7%. El descenso de la inversión autonómica es el más elevado de todas las autonomías, si no contamos el 55,6% de Galicia y el 37,8% de Castilla-La Mancha, lo que supone un claro reflejo de los graves problemas de financiación por los que atraviesa. El impacto de la caída de la inversión del Gobierno se ve compensado con el incremento de los ayuntamientos, un 105%, con presupuestos, precisamente, procedentes del Plan Empleo que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en una primera fase. Si todos estos porcentajes de variación sobre el año anterior los comparamos con los de otras comunidades autónomas, los valencianos salimos netamente desfavorecidos con respecto a la gran mayoría, que, en algún caso, obtienen valores positivos y bien altos, como Extremadura, Islas Baleares, País Vasco o Madrid.