La responsabilidad de las administraciones públicas

Marisa Baena Martínez

Hemos asistido en los últimos días a la negativa de algunas Administraciones Locales a empadronar inmigrantes en situación administrativa irregular, impidiéndoles así cumplimentar requisitos necesarios para hacer efectivos derechos básicos, principalmente la asistencia sanitaria y la educación. A colación de este conflicto, el PP ha iniciado su campaña electoral en Cataluña lanzando mensajes demagógicos como «en Cataluña no cabe nadie más, en España no cabe nadie más«, cuya finalidad no es otra que recabar votos o buscar aliados electorales sin calibrar, o calibrando, las consecuencias que pueden tener sobre la opinión pública, y que no es otra que cuestionar la pertenencia de la población extranjera a la sociedad española, incluidos los residentes con autorización, y la percepción que se tiene ellos.
Es curioso, no obstante, que durante la tramitación parlamentaria de la reciente modificación de la Ley de Extranjería no se haya producido una propuesta por parte del partido de la oposición y que sea precisamente ahora cuando se plantee su inadecuación.
Y es que es fácil culpabilizar al más débil de situaciones de crisis económica de la que no son responsables sino víctimas, como lo somos el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Es irresponsable cuanto menos, que los partidos políticos creen un problema donde no lo hay, pero lo es más cuando lo hacen llevando a cabo su acción de gobierno en las distintas Administraciones Públicas, donde con sus actuaciones impiden el ejercicio de derechos, cuestionan el principio de igualdad de trato y oportunidades y revitalizan estereotipos xenófobos y el racismo.
Las Administraciones Públicas deben ser garantes de los derechos de toda la ciudadanía, incluidos los extranjeros, no es posible construir una sociedad sobre la desigualdad y la exclusión social. Por ello, debemos exigirles respuestas.
Diversos estudios sobre empleo e inmigración coinciden sobre el papel positivo que la inmigración ha jugado durante los años de crecimiento, cubriendo una mano de obra que de otra forma no hubiera sido posible, y generando efectos beneficiosos sobre la seguridad social y las pensiones.
Es necesario, por tanto, acabar con la idea de que son los trabajadores inmigrantes los que alimentan la economía sumergida, precarizan las condiciones de trabajo de ciertos sectores de actividad y son seguramente la excusa perfecta para no emprender las reformas que esos sectores necesitan.
Para la UGT-PV vincular la inmigración y el empleo digno y de calidad es la mayor garantía de la integración de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo y en la sociedad, la inmigración, por tanto, no es un problema, sino un hecho más que contribuye a evidenciar problemas socioeconómicos ya existentes.
Por último, recordar que 2010 es el año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y desde la UGT consideramos imprescindibles políticas que desarrollen y potencien la cohesión social lo que significa potenciar sistemas de protección social sean universales, garantizando el bienestar de la población, a través del desarrollo de los servicios sociales, la protección jurídica y la garantía económica.

Secretaria de migraciones y cooperación de UGT-PV