Propuestas para la ley del gobierno local valenciano

La Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana es una vieja reivindicación del municipalismo valenciano que se remonta a septiembre de 1999, fecha en que se firmó el acuerdo unánime para el desarrollo de la segunda descentralización que afecta al ámbito local. Más de diez años han transcurrido desde entonces. En todo este tiempo, el Consell se ha limitado a sacar adelante el anteproyecto de ley y a redactar once borradores que depositó en el cesto de los papeles, retrasando deliberadamente el desarrollo de una ley, la de Régimen Local, necesaria desde entonces. Este hecho demuestra que el Partido Popular no ha dado respuesta a las necesidades de los municipios valencianos, y que tan sólo pretende la adhesión inquebrantable a un proyecto legislativo insuficiente, antiguo, cicatero y mezquino.
El anuncio de que el Consell va a aprobar el proyecto es, sin duda, el fruto del trabajo y la presión de los ayuntamientos valencianos, y constituye un reto y una oportunidad para construir la nueva arquitectura de la administración local en la Comunitat Valenciana. El texto regulador que se apruebe ha de constituir el soporte de la organización, las competencias y la financiación de los municipios valencianos. Por todas estas razones, esta ley debe alcanzar el máximo grado de consenso y conseguir una unanimidad responsable, como ya sucedió con la tramitación y aprobación parlamentaria del Estatut. Pero el Partido Popular no se atreve a buscar ni el diálogo ni el consenso.
Una ley impuesta por la matemática parlamentaria, sin duda, tendrá toda la legitimidad democrática; sin embargo si la ley pretende, como debiera ser, constituirse en instrumento para resolver los problemas que aquejan a nuestros vecinos, aproximar y mejorar la prestación de servicios y articular nuestra comunidad, debe ser una ley consensuada donde todas las sensibilidades existentes sean reconocibles y donde con las consiguientes y necesarias renuncias todos podamos apoyar. Solo de este modo será posible avanzar. Los socialistas estamos dispuestos y preparados para ese consenso.
Necesitamos una ley que nazca de la voluntad política de consolidar el gobierno local como una administración activa, capaz de gestionar sus propias políticas. Para que esto sea posible, la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana se debe articular en un texto actualizado e innovador en el que se hagan cumplir los fines establecidos en el Estatut de Autonomía en cuanto a la asignación de competencias, la financiación incondicionada y la participación en los ingresos de la Generalitat Valenciana.
En este sentido, los criterios de distribución deben estar claros, dejando atrás el vetusto modelo de subvención del gobierno de Francisco Camps, poco objetivo, sectario y discriminatorio. Ha de quedar meridianamente clara la necesidad de crear un Fondo de Cooperación de la Comunitat Valenciana, de carácter finalista e incondicionado y con una forma igual al Fondo Estatal, de acuerdo con el artículo 64.3 de nuestro Estatut. Un fondo basado en la eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal; que respete la autonomía de los gobiernos locales para decidir el destino de los recursos transferidos y que tenga en cuenta las diferentes variables de necesidad del gasto (población, superficie, capacidad fiscal), las fuentes de ingresos propias de los municipios y su tipología.
Pero no sólo hay que garantizar la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Generalitat. También se deberá disponer legalmente el pago de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana con los ayuntamientos por el gasto realizado en la prestación de servicios impropios, que alcanza un tercio de los presupuestos anuales de los consistorios y una cantidad acumulada de 3.300 millones de euros en números absolutos; cifras que pesan como una losa en las economías municipales.
La nueva ley valenciana también debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública local y reforzar la línea de transparencia respecto del personal funcionario que ejerce funciones de control interno y asesoramiento legal preceptivo a los órganos de gobierno local. Asimismo, los municipios deben jugar un papel importante en el desarrollo económico y en el empleo. La ley debe contemplar facultades en la planificación, propuesta y ejecución de las competencias y los planes de contenido económico y de empleo que realice la Generalitat.
Estos son los principios, las premisas y propuestas que los socialistas defendemos, como elementos sustanciales para generar un espacio de consenso y discusión democrática; y posibilitar la aprobación unánime de una ley local valenciana que haga justicia a las aspiraciones del municipalismo valenciano, dote de un marco normativo moderno a nuestros ayuntamientos, garantice su eficacia financiera y posibilite que sean instrumentos efectivos para desarrollar con garantías las políticas adecuadas a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana.