Montroy no es la excepción

Se trata de la segunda intervención contra un presunto delito urbanístico en la provincia de Valencia… y pocas nos parecen. Después de la detención del alcalde de Zarra, ahora en libertad, la espectacular operación de la Guardia Civil de ayer ponía en manos del juez al ex alcalde del pequeño pueblo —siempre un pequeño pueblo— de Montroy y a otras seis personas, alguna con cargo político y otras, posiblemente, relacionadas con el sector de la construcción. Tres acusaciones: prevaricación, estafa y delito contra la protección del territorio. Trasfondo, a falta de una más precisa información: el engaño a compradores extranjeros vendiendo casas sin servicios de agua ni luz y la construcción de 80 chalés en una zona no urbanizable. Resultado: el habitual caos y destrozo de un paraje hermoso, la Vall dels Alcalans. Todo tan ordinario que, de no ser porque anhelábamos la llegada de estos procedimientos ejecutivos, lo único que nos sorprendería sería el despliegue policial y la contundencia en los registros. La cuestión es, ¿por qué no se actúa así en otros pueblos próximos o en otras comarcas? La respuesta está en el enunciado de este caso. La Generalitat Valenciana detectó la aparición de estas descaradas construcciones. Pero no hizo nada para atajar el fraude. Había que hinchar la burbuja. Consentir todas estas irregularidades para que el día en que la Fiscalía de Medio Ambiente actuara en defensa de los perjudicados extranjeros y nacionales el descrédito fuera internacional.