Los planes del Gobierno de retrasar la edad de jubilación han provocado una nueva tormenta de reacciones en sentido contrario provenientes de prácticamente todos los ámbitos políticos, sindicales y patronales con excepción de los más afines al PSOE, con la inevitable consecuencia de enrarecer todavía más el clima social y político de una sociedad como la española que lidera las tasas europeas de paro.
Lo preocupante de esta situación es que existe la inaplazable necesidad de debatir con rigor y profundidad las dificultades a las que nos enfrentamos, para poder mantener un modelo de Estado del Bienestar que ha mejorado la calidad de vida de la población española hasta niveles impensables hace tan sólo tres décadas. Pero como no hay dicha que cien años dure, el sueño de creer que la economía española tenía la consistencia suficiente como para permanecer entre los diez o doce países más ricos y desarrollados socialmente ha durado bien poco. Y va a ser difícil que lo recuperemos como no se delimiten con precisión las causas de una debilidad estructural, que tiene su asiento en una situación demográfica sencillamente insostenible.
La demografía de toda sociedad es destino en el sentido de que el número de sus habitantes y su composición en términos de sexo, edad, niveles de educación y origen nacional son determinantes forzosos, favorables o adversos según los casos, de su dinámica social y económica en las siguientes décadas. Y por lo que se refiere a la demografía española, con unas tasas de natalidad y mortalidad que se encuentran entre las más bajas del mundo lo que significa cada vez menos población infantil y juvenil y más población jubilada, no puede de ninguna de las maneras sostener el modelo de crecimiento social y económico de los últimos treinta años a no ser que se recurra, como así viene ocurriendo, a facilitar la entrada de población inmigrante. Ahora bien, la sostenibilidad de este modelo cuando se habla de mantener un sistema de Seguridad Social y de Pensiones de una población con una elevada esperanza de vida, no puede basarse en una concepción instrumental de la inmigración como un simple recurso, más o menos temporal, para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado de trabajo.
En este último sentido, el actual proyecto valenciano y, por extensión, español de sociedad del bienestar pasa necesariamente por cambiar radicalmente, aunque de manera progresiva por sus dificultades inherentes, tanto las políticas gubernamentales en materia de inmigración como de manera especial las propias actitudes y valoraciones de los ciudadanos nacionales hacia la población inmigrante. Unos cambios que deben de estar guiados por el reconocimiento explícito de que sin nuevos flujos de población inmigrante, y de su ulterior acomodación e integración como nuevos ciudadanos, no va a ser posible el mantenimiento del actual modelo de sociedad del bienestar.
Desde luego que estos cambios no van a ser fáciles, entre otras cosas porque España se ha convertido sólo recientemente en país receptor de inmigrantes, después de una larga experiencia histórica de emigraciones transatlánticas y continentales.
De ahí las dificultades de mantener una política inmigratoria coherente e integradora, como se ha visto recientemente con la polémica del empadronamiento de inmigrantes en la ciudad catalana de Vich, pero ello no debe impedir que se continúe avanzando en el reconocimiento de que vivimos en una sociedad multicultural, sin marcha atrás, cada vez más alejada del modelo de Estado-nación que ha prevalecido hasta hace pocas décadas.
En consecuencia, una concepción inclusiva de ciudadanía a la que puedan acogerse especialmente las familias de inmigrantes que tengan voluntad de permanencia, y una formulación política de la inmigración que legitime ante el conjunto de la población española la integración cívica de los nuevos ciudadanos, no son sólo cuestiones de coherencia democrática como también aspectos que afectan a su propia supervivencia como una sociedad avanzada.
Catedrático de Sociología. Universitat de València
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