A raíz del debate abierto sobre las pensiones es una constante que en las intervenciones de los ciudadanos en los medios de comunicación se tire en cara a los diputados las prebendas de que gozan en esa materia. Mientras este Gobierno ha querido abrir el melón que ningún otro se ha atrevido y ha tocado la fibra sensible de las pensiones en busca de amarrar la jubilación de generaciones venideras y equilibrar el impacto de esa partida en el PIB español —en este momento, el 8,9%—, los diputados nacionales y senadores gozan de un reglamento aprobado en 2006 por el que se aseguran justo lo contrario de lo que pretende el Ejecutivo de Zapatero: se reduce el tiempo necesario para obtener la pensión y tienen facilidades para que sea la cuantía máxima. Pero es que las Corts Valencianes han copiado y mejorado esa norma. Para que un trabajador consiga la máxima pensión necesita acumular 35 años de trabajo y que los últimos 15 sean la base máxima, mientras que cualquier diputado valenciano sólo necesita 11 años con los que accedería a la máxima paga. Sin entrar en otro agravio como es el cobro de las indemnizaciones, resulta evidente que, en esta ocasión, los intereses de nuestros legítimos representantes en la cámara van por un camino distinto —y mejor— que el del ciudadano medio, ahora agobiado por la crisis y por los cambios que se anuncian. No sería mala cosa que nuestros diputados rebajaran sus privilegios y dieran un buen ejemplo. La política son gestos.