No al pensionazo

El pasado 29 de enero el Gobierno de Zapatero aprobó un plan de reforma de las pensiones que persigue recortar el gasto en pensiones hasta un 4% del PIB, retrasar de manera gradual la edad de jubilación hasta los 67 años, aumentar el periodo de cómputo de 15 a 25 años para calcular las cuantías, y subir de 15 a 17 años de cotización el mínimo para generar derecho a pensión.
Estas medidas, que ya han sido calificadas como «pensionazo», han despertado un amplio rechazo de las organizaciones políticas y sociales así como de la gran mayoría de trabajadores y ciudadanos, que ven peligrar su futuro y el de sus hijos. Porque bajo el actual sistema económico quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario raramente disponen de rentas para vivir cuando dejan de trabajar, ya sea por vejez o enfermedad. Su única garantía es el sistema público de pensiones, basado en lo que llamamos un «salario diferido». Es decir, en aportaciones no cobradas en el momento de trabajar sino más tarde, en la jubilación, y que por tanto les pertenecen a ellos y no pueden considerarse graciables o propiedad del Gobierno y de los especuladores de turno.
El derecho a una pensión digna constituyen una conquista histórica del movimiento obrero aún no consolidada en nuestro país (por término medio los pensionistas cobran menos de 500 euros al mes). Y esta vuelta de tuerca que se quiere dar al sistema de pensiones implicará no sólo un futuro empeoramiento de las condiciones de vida de los pensionistas, sino también de muchos sectores sociales en el presente, puesto que hoy ya existe una bolsa de más de un millón de familias españolas sin otra fuente de ingresos que las exiguas pensiones cobradas por los mayores.
Somos muchos y muchas los que nos preguntamos: ¿cómo puede un gobierno que se dice socialista proponer recortes en las pensiones y retraso de la edad de jubilación cuando, además, hace unos meses decía estar dispuesto a aceptar un recorte de las cotizaciones a la Seguridad Social? ¿Cómo puede pedirse a los trabajadores y a los pensionistas que paguen la crisis cuando se ha entregado cientos de miles de millones de euros a los banqueros?
Para un futuro mejor hacen falta otras políticas, sociales y económicas. No hacen falta medidas de recorte del derecho a la jubilación, sino medidas para incentivar el empleo, comenzando por las dirigidas a acabar con la oleada de EREs y despidos que han conducido a los más de 4 millones de parados que tenemos hoy.
En ningún caso se puede aceptar un recorte del derecho a una pensión digna porque ello supone hambre para hoy y para mañana, por mucho lo autorice o no el Pacto de Toledo. Pero para conseguir la retirada de estos recortes del sistema de pensiones, resulta imprescindible la más amplia movilización social.