Llos sindicatos han convocado una manifestación para el 23 de febrero con la que pretenden elevar su protesta por la reforma de las pensiones anunciada por el Gobierno. Las organizaciones de trabajadores intentan dar el primer golpe de atención presionando para que cuando se aborden los cambios, éstos no vayan demasiado lejos. El Gobierno, por el momento, se ha limitado a hacer una propuesta en la que aparecen unos datos precisos y otros etéreos; incluso algunos de los avanzados en un primer momento fueron rápidamente suprimidos. En cualquier caso, la reforma del sistema de pensiones parece venir impuesta por la realidad, no sólo la económica y social, sino sobre todo la demográfica. Está bien que los sindicatos hagan de centinelas para evitar posibles desviaciones. Pero no cabe duda de que la medida más atinada que ha propuesto este Gobierno desde que se destapó la crisis es la reforma de las pensiones, sobre todo porque se trata de una iniciativa cuyos efectos se constatarán a largo plazo, pues como se desprende de la propia movilización sindical, a corto conlleva una considerable impopularidad. La alerta sindical es positiva —para eso están las organizaciones de sus características—, pero si ante el paro han sido prudentes, por una vez que el Gobierno acierta al detectar una de las reformas necesarias —otra cosa es como se concrete—, quizá la movilización resulte prematura.