Con su gesto Román de la Calle no sólo ha enaltecido su propia figura de hombre íntegro y ha rubricado su gestión en el MuVIM, premiada en siete ocasiones. Ha hecho algo más. Una vez conocido que el presidente la Diputación de Valencia, Alfonso Rus apoyaba la censura, con su dimisión ha reseñado que la orden procedía desde lo más alto de la corporación provincial, pasando por el diputado de Economía — ¡qué sarcasmo!— Máximo Caturla, pese a que en un principio el diputado de Cultura Salvador Enguix se mostró como responsable único para tapar el ascenso de este escándalo nacional. La cacicada — y no puede describirse de otra forma la censura de las fotografías «por la acción de la fuerza verbal» como describe De la Calle— trasciende la actitud taimada de los responsables de este atentado contra la libertad de expresión: para sorpresa de todos, la alcaldesa Rita Barberá rechaza esta agresión y el vicepresidente del Consell, Rambla, no respalda el espurgue. Sus comentarios no coinciden con el postulado del presidente de la corporación provincial y eso lo convierte en un problema interno para el PP y para la Diputación de Valencia y el Consell. No irá a más ese choque, nos tememos, y, lamentablemente, quienes forzaron la retirada de las fotografías continuarán hoy y mañana en sus despachos y no pagarán por ello. Si eso ocurre, sabremos que quien sustituya a De la Calle da por bueno este insólito autoritarismo y se muestra dispuesto a tolerarlo en próximas ocasiones.