Los que han de dimitir son otros

Jesús Civera

Lo cuenta el presidente de la Unió de Periodistes, Joaquim Clemente, y lo subraya el director del Muvim («ex», para ser más precisos), Román de la Calle. Máximo Caturla, vicepresidente de la Diputación (área económica), ex secretario de Educación y ex responsable de Ciegsa, acudió el jueves al acto de inauguración de la exposición «Fragments d´un any. Fotoperiodistes valencians 2009», en la sede del museo que creó Manuel Tarancón. «¿Esto quién lo organiza?», inquirió Caturla. «Aquí hay fotos que no debían estar», siguió. Caturla confundió, en medio del guirigay caciquil y censor, la representación democrática con la adquisición de un cortijo. Objetó el trabajo que se exponía como si el museo fuera privado, y no una institución pública. El director de un centro de arte es quien ha de dictar la política museográfica y decidir qué se expone en las salas. Su autonomía, en esa esfera, es sagrada. No puede estar al albur de cualquier gansada que se le ocurra a un dirigente político de medio pelo. O de pelo entero. Así sucede en los países occidentales de recias trayectorias democráticas. Así debería suceder aquí si el déficit democrático no fuera enorme todavía. El señor Caturla es un ejemplo ilustre de esta sincopada carencia, cuya herencia autoritaria alumbra situciones explícitas. En Londres o París hubiera dimitido tras reconocer su enorme error. Que es doble. Lanzar fuego sobre el PP –el fuego de la cadenas y el oscurantismo –, reavivando el caso Gürtel y poniendo a los pies de los caballos al presidente Camps, por una parte. Y menospreciar y humillar la legitimidad de un especialista, en este caso Román de la Calle, por otra. «Había que estar ciegos, debían carecer de prudencia y estar sobrados de fuerza ciega para querer apagar una colilla, que se había encendido sin prácticamente consecuencias aún, con un torpedo de grueso calibre» dijo ayer el también presidente de la Academia de Bellas Artes.
La cultura de la razón y de la libertad debía también proyectarse fuera del museo, insistió. En efecto, ése es el problema: la cultura de la razón y de la libertad, que no logra penetrar en algunos dirigentes del PP. El museo, además, se levanta bajo los conceptos de la ilustración y la modernidad, frontispicio que legó Manuel Tarancón, y que alimentó el ex diputado de Cultura del PP, Vicente Ferrer. No es un sabañón socialista, marcado por aquel legado. Quizás habría que recordar al señor Caturla, y a sus afines, lo que significan esas palabras. Ilustración y modernidad. No podía haber peor escenario para la escenificación del anatema y la barbarie y la señalización luminosa del paso del orate.
En privado, y también en público, los prohombres del PP valenciano no aciertan a dar con el concepto que califique la torpeza cometida por los responsables de la Diputación de Valencia. Están desconcertados por la ineptitud y el primitivismo oligárquico de la osadía. Rita Barberá, que no se corta, criticó ayer abiertamente la decisión. Sabe que la fotografía del déspota tarda en borrarse y que su llama devasta años de cultivos democráticos en su partido. Por eso se distanció, dejando a la intemperie a Alfonso Rus y los suyos. Con el PP enfrentado en privado a la arbitrariedad de la satrapía, la dimisión de Román de la Calle –elegido bajo el gobierno de ese partido, no lo olvidemos– coloca en una situación límite al señalado Caturla, al diputado de Cultura y, por extensión, al presidente Rus. Ha sido una bobería, de insensatos y politicastros, que apenas entienden el siglo que habitan. Y que deteriora al PP de forma mayúscula.
La dimisión de Román de la Calle era obligada. Se esperaba desde el mismo momento en que se anunció la cacicada. La destrucción es incompatible con la inteligencia, la censura con la libertad. ¿Cómo puede amparar el museo de la Ilustración un asalto a la razón, y de tan escasas sutilezas, tan rudo y hampón? ¿Cómo puede el director, que cree firmemente en esos valores, permitirlo? Ha de irse. Lo inaudito es que no se marchen los autores de la felonía antidemocrática.