La sanidad pública y universal es uno de los bienes más preciados de nuestra sociedad de bienestar. Es también una de las tres principales responsabilidades que han asumido las comunidades autónomas: sanidad, educación y políticas sociales. De ahí que al abordar con toda urgencia y preocupación el Gobierno el recorte de gastos estemos hablando de uno de los puntos más sensibles para la opinión pública y para asegurar la sostenibilidad de las arcas de las distintas administraciones. En el primer encuentro de ayer del Consejo Interterritorial ha habido acuerdo total dado que se proponía reducir el gasto farmacéutico en 1.500 millones de euros. Las medidas entran en vigor inmediatamente y por decreto ley. Ha sido relativamente fácil el pacto —ninguno ponía nada— y lo será la ejecución porque se trata de modificar el sistema de precios de referencia de los medicamentos con el precio más bajo. Algo es algo, desde luego, porque en el caso de la Conselleria de Sanidad valenciana la situación económica es hasta peligrosa, aunque se está corrigiendo tímidamente, y el gasto farmacéutico, por ejemplo, ha subido de 2007 a 2008 un insoportable 9%. Pero los siguientes pasos del pacto no serán tan cómodos. El recorte del gasto ha de pasar por mantener la prestación de servicios, la misma calidad, y, seguramente, por la reducción del gasto corriente y de personal, un territorio en el que ninguna administración se ha atrevido a explorar y que, antes o después, tendrá que hacer.
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