Que en una situación de crisis estructural como la que sufrimos, con elementos diferenciales muy profundos respecto al contexto europeo, sea conveniente un pacto general que abarque a los agentes sociales y a la mayoría de las fuerzas políticas, es algo que no admite muchas dudas. Mejor todos juntos, con soluciones concertadas, para tratar de resistir a la inercia fatal impuesta por el monstruo que nos domina. Pero ni siquiera en estas circunstancias es posible lo deseable. Los intereses políticos se imponen a toda lógica, y con ellos se mezclan actitudes conservadoras –que no siempre proceden de los referentes a los que se les atribuye esa característica– y posiciones temerarias, entregadas al supuesto de que en algún momento se producirá una recuperación por algún tipo de conjunción astral. Posiblemente no se haya dado en la historia reciente de este país una clase política tan irresponsable como la que en la actualidad padecemos, y aunque los ciudadanos, a través de las encuestas, han dado la señal de alarma, a la vista está que no hay demasiado propósito de enmienda. La primera reunión para intentar un acuerdo de mínimos que estableciera medidas con que acatar la crisis resultó un fracaso, como cabía esperar. De una parte, el Gobierno, a quien corresponde llevar la iniciativa, presentó un documento de sumarias generalidades, pero la oposición mayoritaria tampoco ha sido capaz de suplir esa indigencia con propuestas propias. Entre el optimismo endémico de la Moncloa, que ve la luz al final del túnel desde el momento en que el presidente se dignó a admitir la grave crisis y el oportunismo derrotista de la oposición, a la espera de que sin mérito propio le vengan los votos, a los ciudadanos sólo nos queda desear que cambie la política ya que no cambia la economía.