La consellera de Bienestar Social tenía previsto intervenir públicamente este miércoles para explicar qué está pasando con la Ley de Dependencia. El lunes, Gerardo Camps se plantó en Madrid convocado por por el Ministerio de Economía para intervenir en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde habló de retrasar la aplicación de la citada ley y de aplicar una moratoria de dos años para poder financiar las subvenciones a los afectados. Aunque yo creo que la consellera no necesitaba que ambientaran su comparencia, la cosa no quedó ahí. El tesejota tuvo a bien dar a conocer en las horas previas una sentencia que obliga a pagar la ayuda con retroactividad en contra de la tesis que mantiene la Generalitat. Ya no pasó nada más, salvo que la sala estaba llena, con representantes de buena parte de las plataformas de afectados apuntando y, con Angélica Such, allí. Cómo habrá sido de confusa la aplicación de esta norma, cuántas expectativas de todos aquellos que tienen derechos a ser asistidos según lo que se prometió habrán sido defraudadas y hasta qué grado estará envenenado el asunto que, a la cita, acudieron más representantes del partido rival de la consellera que del propio cuando lo habitual es lo contrario. Que, incomprensiblemente, la oposición no aproveche estas oportunidades para trasladar sus inquietudes y colocar si puede en un brete al compareciente y que los compañeros de formación acudan en plan escudo protector. Pero la aplicación en tiempo y forma de esta ley viene rompiéndole los esquemas al más pintado. De ahí que hasta los colectivos de afectados fueran renuentes a la convocatoria para acabar descubriendo que no es mal método de aproximación y de clarificación. La culpable es la consellera. Cotino, su antecesor en el departamento, se habría abstenido. No tendría porqué resaltarse lo hecho por Such, pero, conociendo el paño, qué menos.