En el plano normativo, el que interesa en un Estado de Derecho, la educación inclusiva no es una opción más, es una obligación, un imperativo legal que debe traducirse en hechos. A despecho de las sugestivas discusiones teóricas sobre modelos educativos en relación con las personas con discapacidad, la cuestión, desde una perspectiva jurídica, ha quedado zanjada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, firmada y ratificada por España, donde resulta plenamente aplicable. La cuestión no es el cómo, sino el cuándo. No cómo se atiende al alumnado con discapacidad, a partir de qué modelo, en todas y cada una de las fases del sistema educativo, sino cuándo, en qué momento se hace realidad el mandato de la educación inclusiva.
La opción de la Convención es nítida: sobre la base de la nueva visión en torno a la discapacidad, basada en la consideración de esta realidad como un asunto de derechos humanos, no son admisibles modelos de educación segregada o segregadora, entendiendo por tales aquellos que no se ajustan enteramente al curso ordinario del sistema educativo. La discapacidad no puede servir de cortada o pretexto, en lo sucesivo, para no incluir al alumnado que la presenta en los dispositivos normalizados, garantizando eso sí los apoyos precisos para que esa inclusión se materialice, más allá de las declaraciones nominalistas bienintencionadas.
Que la educación inclusiva no es tarea fácil —el peso de la segregación de siglos deja sentir sus efectos por doquier— lo prueba el hecho de que sigue siendo, en casi todo el mundo, más una aspiración que una realidad. En España, y no son malas cifras, si se comparan con otros países, el 80% del alumnado con discapacidad está en educación integrada, que sería un paso previo y menos intenso de educación inclusivo. El 20% restante permanece aún en modalidades de educación especial o dicho de modo menos eufemístico segregada. El horizonte de la educación inclusiva dista aún de nuestras posiciones actuales, pero la orientación que hemos de seguir no es susceptible de debate, lo que toca ahora es más bien el combate.
Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
