La declaración de expolio emitida por el Ministerio de Cultura ha abierto un falso debate sobre la viabilidad de la rehabilitación de El Cabanyal mediante la acción de particulares que, por ejemplo, quieran acondicionar su casa o sustituirla, o de las administraciones que tienen compromisos urbanísticos y que ahora no podrían llevar a cabo. Veamos con calma la situación que se deriva de la declaración de expoliación.

La primera posible consecuencia es que, como sostiene Barberá con ignorancia o mala fe, la declaración suspenda la totalidad de las actuaciones previstas en el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar. ¿Qué ocurriría? Si ésta fuera la correcta interpretación, siempre nos quedaría el Plan General de 1988 que califica los Poblados Marítimos como Conjunto Histórico Protegido CHP2 y que se debe ajustar a las normas urbanísticas propias, que regulan alturas de edificación, número de plantas, condiciones de parcela y demás parámetros urbanísticos que permiten la actividad edificatoria en dicho recinto. Los particulares y las administraciones podrían seguir operando en El Cabanyal sin mayor dificultad que en otras áreas de la ciudad. Ahora bien, cabe otra lectura de la declaración y es que sólo las unidades de ejecución vinculadas a la prolongación están afectadas por la suspensión dado que sólo en ellas se vulneran los valores que hicieron posible la declaración de Bien de Interés Cultural y, por tanto, es donde se produciría la expoliación. Así, el resto del sector comprendido en el Plan del Cabanyal queda liberado de la paralización y por tanto, nuevamente particulares y administraciones pueden llevar a cabo sus proyectos.

Sin embargo, la rauxa, ese impulso emotivo incontrolado que afecta al criterio intelectivo, se ha impuesto de nuevo sobre el seny en la cabeza de Barberá, que ha amenazado con la suspensión total de licencias tanto para particulares como para instituciones, amagando con no ejecutar las obras de, por ejemplo, el Casinet y tantos otros equipamientos públicos que en sus casi veinte años de mandato no ha tenido a bien desarrollar. Lo razonable, lo que sería una muestra de seny, sería que Barberá se sumara al carro de la revitalización, apoyando un programa que debería tener cuatro frentes:

A. Intervención del Gobierno de España con apoyo de las administraciones valencianas en la rehabilitación de piezas destacadas, como la Lonja de Pescadores, la Casa dels Bous o la Fábrica de Hielo, que actuarían como locomotoras de la acción privada en la rehabilitación de viviendas o locales de negocio.

B. Rehabilitación de viviendas por parte de particulares, mediante una difusión intensa de lo que ofrece el vigente convenio con la Generalitat y el Ministerio para la rehabilitación.

C. Reurbanización del espacio público actuando en la priorización de su uso peatonal y vecinal, segregando tráficos y resolviendo el aparcamiento de vehículos para residentes mediante la ejecución de los previstos en el PEPRI.

D. Reposición de la mayoría de las edificaciones demolidas, lo que permitiría su destino para actividades de cierto atractivo económico como las residenciales universitarias que, además, aportarían población joven a la vida de los Poblados Marítimos.

Esta es la situación. La furia y ruido de que Barberá hace gala sólo son palabras vanas y gestos vacíos.

Concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia