El Supremo colocó ayer al presidente de la Generalitat y al PP ante el peor de los escenarios posibles al ordenar al TSJ que reabra la investigación por el caso de los trajes que Camps presuntamente recibió por parte de los responsables de la trama Gürtel. El archivo de la causa decidido por J. L. de la Rúa ha sido desautorizado de forma unánime por cinco magistrados del Supremo, que obligan a seguir investigando si el máximo responsable del Ejecutivo autonómico cometió un delito de cohecho pasivo.
Se suponía que un pronunciamiento judicial en este sentido obligaría a Camps a salir del enroque en el que se refugió al estallar el escándalo. Pero no ha sido así. Lejos de anteponer el interés siquiera institucional al particular, ayer anunció que piensa continuar en el cargo porque asegura que no ha hecho nada punible. «El proceso es de risa», llegó a afirmar durante una comparecencia en la sede de su partido. Sin embargo, no parece que los magistrados —primero el instructor del TSJ y ahora los del Supremo— consideren que el asunto sea risible. Como no lo es el desgaste que está sufriendo la Generalidad por alguno de los comportamientos personales o partidistas de su titular. Tampoco se puede calificar de tal la parálisis en la que entró el Consell en el peor de los momentos posibles. ¿Saldrá de esa parálisis ahora porque Rajoy renueve su confianza en Camps? Es difícil porque el proceso judicial seguirá su curso, entorpeciendo el buen gobierno.