El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, acordó ayer la inhibición parcial al TSJCV de la investigación que sigue a fin de unirla a las diligencias previas que se instruyen en Valencia por un presunto delito de cohecho impropio. La decisión de Pedreira, en el marco temporal, trata de evadir la prescripción de los supuestos delitos electorales entre las empresas del caso Gürtel y la Generalitat. Y su inhibición se efectúa ante la posibilidad de que exista una conexión entre los presuntos delitos que se investigan tanto en Valencia como en Madrid. Pedreira subraya que el traslado de parte de la causa no supone prejuzgar responsabilidades penales de los aforados pero subraya las posibles irregularidades —apunta a la financiación ilegal— en las contrataciones de Orange Market y las constructoras con la Generalitat, además de con el PP. En este punto señala a Ricardo Costa —ex secretario general del partido—, al que sitúa en una «diferente valoración jurídica» de la que le atribuyó el TSJCV y verificó el Supremo en su momento. Asimismo, amplia el número de constructoras relacionadas en el caso y coloca el foco sobre parte de la cúpula del partido y del Consell, además de en el propio Camps.
Los indicios de delito que observa Pedreira —hasta siete— complican las circunstancias institucionales del Consell, además de las del propio Camps, al que abocan a un purgatorio judicial del que tiene una muy complicada salida. El plano político es igual de indeciso, golpeado por el calendario procesal.
