Tras el reciente auto del TSJ de Madrid sobre presuntos delitos cometidos por el presidente de la Generalitat y otros altos cargos, un juez de Nules volvió a golpear ayer las estructuras del PP autonómico al transformar las diligencias contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por cohecho y fraude fiscal en un procedimiento para juicio con jurado popular. Han sido más de seis años de procedimiento para llegar al punto en que el juez estima que el dirigente popular y otros mandatarios del PP castellonense mediaron ante altos cargos del Gobierno de Aznar para beneficiar a Naranjax, una empresa fabricante de productos plaguicidas.
A lo largo de estos años, Fabra ha reiterado su inocencia y tras la victoria de su partido en las últimas elecciones llegó incluso a afirmar que «el pueblo me ha absuelto en las urnas», a pesar de que no se vota el cargo que él ocupa. Sin embargo, las pesquisas judiciales no se han detenido y han culminado con el auto conocido ayer que vuelve a colocar en una situación incómoda a la dirección del Partido Popular. El proceso se ha dilatado demasiado en el tiempo, provocando una incertidumbre que ha perjudicado el clima político. Por eso, la justicia debería poner ya punto final: que el auto del juez sirva finalmente para hacer justicia y esclarecer la verdad y dar paso, así, a la situación de normalidad que los ciudadanos y las instituciones castellonenses necesitan.
