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La sustituibilidad, garantía de la democracia

 05:30  

Manuel García Ferrando

Es bien sabido que en las sociedades occidentales avanzadas, las estructuras políticas de los países con mayor tradición democrática, se organizan alrededor de la idea de las alternancias en el poder de los partidos que reciben mayor apoyo popular en las elecciones que se celebran, bien de forma periódica y pautada, o bien cuando el partido con responsabilidades de gobierno pierde una moción de censura. Y es que el principio básico que subyace en todo proceso democrático es el de sustituibilidad, que permite sustituir a todo partido político en el poder cuando no es capaz de ofrecer soluciones a los problemas sociales que más inquietan a los ciudadanos, los cuales dejarán en consecuencia de votarlo de forma mayoritaria. Además, y por extensión, este principio también es aplicable a los líderes y responsables de los partidos políticos cuando alcanzan una situación personal e institucional de desconfianza pública, que aconseja su sustitución por otro líder del mismo partido.
En la actual situación política, el principio de sustituibilidad parece asomarse para su inexorable materialización en el caso del PSOE y de Zapatero como máximo responsable del Gobierno español, y está apremiando de forma personal a Camps como responsable del Consell valenciano. Se trata de situaciones con orígenes y planteamientos bien diferentes, pero que pueden dar lugar a procesos de sustitución similares. En el primer caso, a la sustitución de un partido por otro u otros de la oposición, y a la sustitución en el segundo caso del líder por otro del mismo partido ya que en este caso la oposición no parece estar en situación de ganar unas próximas elecciones.
En ambos casos se trata de situaciones que se vienen incubando desde hace bastante tiempo, y para las que además resulta difícil de pronosticar cuándo podría y debería consumarse la sustitución si así lo decidieran las urnas. En el primero de ellos, Rajoy y el PP parecen dispuestos a no dar tregua a las inciertas, desorientadas y reactivamente tardías medidas políticas del Gobierno de Zapatero, por más que no parezca aconsejable en estos momentos precipitar al país en una campaña electoral que prometería ser inusualmente dura, justo cuando España necesita urgentemente proyectar una imagen de estabilidad y control de la situación ante la comunidad internacional. En el segundo caso, la situación política valenciana, aunque obviamente se encuentra fuertemente condicionada por lo que ocurre en el conjunto de España, presenta peculiaridades que le son propias ya que no parece que el PSPV se encuentre actualmente en condiciones de desplazar al PP valenciano de su por ahora cómoda mayoría electoral. No se trata, pues, de que esa mayoría de electores que vienen votando al PP se encuentre insatisfecha con el estilo de gobierno del Consell y que vaya a desviar su voto a los partidos de la oposición, especialmente al PSPV, como más bien de la precipitación de una serie de errores de índole comunicativa y personal que han colocado al presidente Camps en una difícil posición ante los tribunales de justicia y ante la opinión pública, que está conduciendo a cuestionar su permanencia como máximo responsable del cartel electoral popular en los próximos comicios autonómicos.
No deja de ser irónico e incluso paradójico que el presidente Camps continúe estando aceptablemente valorado por amplios sectores de la población valenciana, y que a pesar de las insistentes denuncias de la oposición socialista se reconozca su buen hacer en la mejora de la imagen nacional e internacional de la Comunitat Valenciana. Lo que vendría a poner de manifiesto que no se ha producido todavía un desplazamiento del voto hacia los partidos de la oposición. Pero los errores cometidos al no dar una respuesta rápida, clara y convincente a lo que parecía en principio, con el tema de los trajes, un problema menor, a lo que hay que sumar las opacas relaciones personales con los responsables de Gürtel, han conducido a una situación en la que si el presidente Camps no logra en un breve plazo de tiempo quedar libre de toda sospecha ante los tribunales de justicia, es altamente probable que el principio de sustituibilidad tenga que operar inexorablemente como garante de la democracia en la política valenciana.

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