¿Puede la Administración ser un agente dinamizador de la economía? ¿Es capaz la Administración pública de generar empleo? ¿Cómo funciona la Administración en otras partes de Europa? Con la crisis, los funcionarios, las competencias de la Administración y su propia estructura están en el punto de mira. La política de promoción del empleo y el autoempleo es una competencia de la Administración, tanto en España como en la mayoría de países europeos. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, a través de la Concejalía de Empleo, se han convocado 25 plazas para formación de emprendedores, de los cuales sólo ocho recibirán una beca para crear una empresa. Decenas de aspirantes han quedado en lista de espera y no tendrán la oportunidad de formarse. La Administración no ha podido prestar un servicio de su competencia a un número importante de ciudadanos.

En Francia, la competencia de promoción del empleo también recae en la Administración regional y local; sin embargo, la forma de ejercitarla es distinta. La Administración comparte dicha tarea con empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que se encargan de la formación y la gestión de ayudas a futuros empleados y emprendedores. En consecuencia, Francia no sólo presta un servicio a todos los ciudadanos que lo demandan, sino que, además, es capaz de generar a su alrededor un conjunto de nuevas entidades públicas y privadas que crean riqueza y puestos de trabajo activando la economía del país y haciendo la Administración mucho más cercana a la sociedad civil.

En consecuencia, la Administración puede ser un elemento clave en la reactivación de la economía a través de una correcta delegación y colaboración de los asuntos que le son propios con convenios y contratos adecuados. Ahora bien, es necesario modificar la legislación en materia de contratación y firma de convenios. Hay que replantearse cuáles son las prioridades de la Administración y cuáles no lo son tanto con el fin de que el dinero se destine realmente a materias relacionadas con el interés común. Hay que hacer más rígido los requisitos de contratación, sobre todo en el ámbito local, con el objetivo de evitar la corrupción. Y, por último, se debe tener muy presente que el impacto de estas relaciones contractuales tenga una repercusión positiva tanto para la economía como para la sociedad.

Como se ha demostrado en otros países, la Administración puede convertirse en un elemento clave de estimulación de la economía de un país. Para ello son necesarios recortes y sacrificios dentro de la propia estructura administrativa. Se trata de abrir un debate sobre la conveniencia de hacer una reforma estructural de la Administración pública con el objetivo de hacerla más cercana, eficaz y eficiente para evitar que los de siempre —los funcionarios— sean los que soporten los defectos constitutivos de la Administración.

Colaborador del instituto europeo del ­empresariado rural de Francia