El Estatuto de los Trabajadores, en su primitiva versión, vio la luz con la Ley 8/1980, de 10 de marzo. Hace, por tanto, más de treinta años. A lo largo de este tiempo ha sufrido veintiocho modificaciones, algunas sustanciales, que han ido acomodando el texto a los avatares diarios que las relaciones laborales experimentaban en contacto con la realidad. Del primer texto al de hoy, ni parecido. Desde el punto de vista de los trabajadores a peor. Desde los empresarios, miel sobre hojuelas. Me recuerda la antigua Ley de Relaciones Laborales de 1976 que no llegó a estar en vigor ni un año. Su artículo 35 establecía, en caso de despido, 60 días por año trabajado con un mínimo de seis meses de indemnización, y máximo de sesenta meses; 90 días para titulares de familias numerosas de 1ª categoría y los mayores de cuarenta años; 120 días por año trabajador para titulares de familias numerosas de cualquier otra categoría o mayores de 55 años; así mismo los minusválidos tendrían opción a los 90 o 120 días por año trabajado, según los casos.

Durante su vigencia no se conoció despido alguno. El desempleo del año 1976 era inferior, en mucho, al actual. Ello motivó que la Unión de Empresarios de la extinta Organización Sindical Española editara dicha Ley con tapas negras que demostraban la opinión que merecía para los representantes de la patronal. La Unión de Trabajadores, por contra, editó el texto con una sobrecubierta de color rosa.

La obligación que imponía la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de los Trabajadores —«el Gobierno [...] recogerá en un texto único [...] las distintas leyes orgánicas y ordinarias que, junto con la presente, regulan las materias laborales, ordenándolas en títulos separados; uno por ley, con numeración correlativa, respetando íntegramente su texto legal»—, sigue hoy como disposición adicional Octava. Obligación nunca cumplida en treinta años. Hasta hoy.

Se habla de reforma laboral y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes implicadas. Algunos abogamos simplemente por que el Gobierno gobierne; que legisle con rapidez y de una vez por todas; que en lugar de tener un Estatuto de los Trabajadores y muchos estatutos para los empresarios, hubiera un Código del Trabajo. Cumpliríamos la ley y resolveríamos de una vez el problema.

Secretario general del Sindicato Independiente