El Gobierno aprobó ayer por decreto una reforma laboral que necesitaba para acudir hoy con los deberes hechos al Consejo Europeo. Pero no ha conseguido contentar a nadie: los empresarios la consideran insuficiente y los sindicatos estiman que se ha ido demasiado lejos, lo que justifica, a su juicio, la convocatoria de la huelga general a tres meses vista. Además, el Ejecutivo someterá el decreto —que en cualquier caso entra en vigor hoy— al trámite del debate parlamentario para convertirlo en ley con el respaldo de otras fuerzas políticas, si es posible.

Sin embargo, en una primera valoración del texto aprobado ayer, sobresalen tres aspectos fundamentales. Se ha dado marcha atrás a la pretensión inicial de «liberalizar» el despido objetivo con seis meses de pérdidas, y se mantiene la última decisión en manos de los jueces; se ha generalizado la posibilidad del contrato con indemnización por despido de 33 días en vez de los 45 que rigen ahora por norma común; y el Fogasa se hará finalmente cargo de ocho días de la indemnización en todos los casos de despido, con lo que se abarata el despido para los empresarios pero se carga parte sobre las arcas del Estado, lo que, inevitablemente, aumentará el déficit cuando se lucha precisamente por todo lo contrario.

La cuestión ahora es si todas las medidas adoptadas servirán para dinamizar el mercado de trabajo cuando se ha puesto sobre todo el acento en facilitar el despido, pero no tanto en flexibilizar los mecanismos de contratación, que es lo que vienen demandando todos los agentes sociales.