A vueltas con la acreditación

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Miguel de la Guardia

La Abogacía del Estado ha alertado sobre la adjudicación de plazas de catedrático por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) por silencio administrativo positivo. Esto, que es tan sólo la anécdota de una mala gestión administrativa que se resuelve fácilmente haciendo mención expresa al sentido negativo del silencio, podría dar pie a que los nostálgicos del deporte nacional de la oposición a cuchillo pusieran en tela de juicio el sistema de acreditación que, a mi entender, es el mejor instrumento de que nos hemos dotado para seleccionar al profesorado universitario, lejos de la endogamia y del comportamiento mafioso de los antiguos tribunales.
No obstante, sostengo que en cualquier crítica subyace un fondo de verdad y es cierto que la acreditación, como todo, es susceptible de mejora. A ninguno se nos oculta que, además de la incapacidad administrativa de algún alto cargo ministerial a la hora de elaborar el decreto, hay vicios de procedimiento que deben ser subsanados. Se me ocurre pensar en el automatismo que se da en la valoración de los méritos de investigación si el candidato dispone de cuatro tramos de seis años evaluados positivamente. La verdad es que se trata a todas luces de una condición insuficiente, en especial porque a pesar de los años que llevamos con el procedimiento de valoración de los sexenios de investigación, los criterios no se han modificado apenas y lo que en principio fue un criterio claramente excesivo (se solicitaba del candidato haber publicado al menos cinco trabajos, o su equivalente, en seis años) si se tiene en cuenta que hace sesenta años para ser catedrático de universidad bastaba con manifestar la adhesión al régimen y que hace treinta años muchos accedieron a la condición de catedráticos con menos de diez publicaciones nacionales y una buena afinidad con los miembros del tribunal, lo cierto es que hoy en día resulta bochornoso que se exija tan poco de un investigador.
Sirva de término de comparación la exigencia de un país como Venezuela, que requiere la publicación de al menos dos trabajos en revistas internacionales para valorar positivamente a los investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Probablemente, a fecha de hoy indicadores como un índice «h de Hirsch» de al menos 10 (diez publicaciones internacionales citadas al menos diez veces) o un número mínimo de citas de los trabajos del candidato en los últimos cinco años, serían exigibles para una valoración positiva de un catedrático de universidad, y en menor medida de un profesor titular. De cualquier modo, la acreditación, realizada por profesores de igual o mayor rango del cuerpo al que se pretende acceder sigue siendo una garantía de objetividad y si la aplicación del sistema de acreditación necesita ajustes lo que es indudable es que la acreditación misma como sistema de acceso a los cuerpos docentes universitarios es una conquista de la racionalidad que permite que cada candidato tan solo compita contra sí mismo y aleja el fantasma de las mafias y las luchas fratricidas en los departamentos universitarios.
En Valencia, el ex rector Tomás supo ponerse al frente de la reivindicación de los profesores universitarios y garantizó, pese a la resistencia de su vicerrector de estudios, la dotación de plazas para todos aquellos que lograron la acreditación a nivel nacional rompiendo con la idea de que el certificado de acreditación, que implica una evaluación objetiva y exhaustiva de méritos docentes, investigadores y de gestión, era tan solo un requisito para el acceso a la función pública docente universitaria. Por eso, sería deseable un compromiso renovado del actual equipo rectoral de la Universitat de València para dotar cuantas plazas se necesiten en función del número de profesores que obtengan la acreditación a nivel nacional, especialmente cuando al frente del vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado hay una mujer de la que esperamos una mayor calidez con los compañeros.
De la capacidad que tengamos los universitarios para establecer una carrera docente e investigadora basada en la evaluación de parámetros objetivos y alejada de enfrentamientos personales, dependerá que las universidades españolas sean más habitables y en ellas puedan progresar las actitudes colaborativas frente a las tensiones entre los grupos de investigación de un mismo departamento. La puesta en marcha de iniciativas como el proyecto Delphi para la evaluación de los perfiles de calidad de los investigadores que ha puesto en marcha la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Generalitat Valenciana y que lidera con tino Luis Antonio Castillo, son el modelo a seguir.

Catedrático de Química Analítica. Universitat de València

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