Se equivocan los que piensan que la fuerza de los sindicatos de clase en el momento actual se mide por su capacidad de convocatoria a la hora de lanzar propuestas peregrinas como las de la huelga de funcionarios o la huelga general. Para la huelga de funcionarios había un doble impedimento, económico y de imagen pública. No olvidemos que, aunque por primera vez en España un presidente de gobierno ha tomado unilateralmente y sin negociación previa alguna la decisión de reducir el salario de los trabajadores públicos, esto, lejos de generar la repulsa de los ciudadanos por lo que tiene de atentado a la calidad de los servicios, ha sido aceptado de buen grado por la ciudadanía; lo que unido a la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y al buscado desprestigio de la función pública, ha actuado como freno a la hora de participar en la huelga (no se olvide que en la Administración la huelga no supone merma de los ingresos de la patronal y tan sólo se traduce en el descontento de los usuarios y repercute en el sueldo de los funcionarios, pues el trabajo no realizado el día de huelga queda pendiente para el día siguiente).

En cuanto a la huelga general, hay que tener en cuenta la elevada cifra de parados del país y el sentimiento de privilegio que tenemos los que todavía conservamos el trabajo, lo que, en definitiva, actúa como freno a la hora del seguimiento de la huelga, sin olvidar el sentido de responsabilidad de los trabajadores que lo último que desearían en estos momentos es aumentar los problemas de solvencia de sus empresas.

Por todo ello, no creo que sea una buena idea por parte de los sindicatos lanzar consignas de huelga por razones políticas en este momento. Al contrario, los sindicatos de clase demostrarían su fuerza presionando a la izquierda parlamentaria para que nieguen su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y fuercen al PSOE a cambiar a su líder. Si esto ocurriera, se modificaría completamente el escenario sindical desde el actual panorama de correa de transmisión del poder político a otro de auténtica influencia sobre los partidos de izquierda, y ello conllevaría el prestigio de los sindicatos.

Las últimas declaraciones de CC OO van en la dirección de exigir la remodelación del Gobierno, conscientes de las escasas capacidades de muchos de sus miembros, pero, estoy convencido de que ya no basta cambiar los marineros y sería bueno cambiar al timonel y que una presión en ese sentido devolvería a UGT el protagonismo del que quiso dotarlo su fundador Pablo Iglesias y contribuiría a que la salida de la crisis se hiciera en clave de defensa del estado de bienestar y no de los planteamientos más reaccionarios del liberalismo insolidario, que, no se olvide, son los que han causado la actual crisis económica y financiera.