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Las grabaciones de las catacumbas

 05:30  

Jesús Civera

El teniente fiscal del Tribunal Supremo sostiene en un escrito remitido al abogado de José Luis Ulibarri que fue decisión del TSJ valenciano excluir las grabaciones efectuadas en la cárcel de Soto del Real a Pablo Creso y Correa: los cabecillas de la trama Gürtel sostenían que era impensable que Camps se dejara comprar por unos trajes. «Fue decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones –los supuestos elementos exculpatorios– a las que posteriormente serían sus diligencias previas, igual que hizo con otras numerosas actuaciones», asegura en su relato el fiscal. Lo dice alto y claro, con asombrosa sencillez entre la espesa selva de las filologías jurídicas. Las grabaciones de la polémica fueron anuladas en marzo. Pero Garzón, subraya el fiscal, las envió a Valencia, junto a los miles de folios de la causa, el 5 de marzo de 2009, cuando decidió inhibirse. En ese tránsito, el TSJ investigó y archivó la causa de los trajes, que posteriormente reabriría el Tribunal Supremo. Las partes –sobre todo la defensa de Camps, el protagonista de esta historia– no supieron, pues, de su existencia.
Camps acudió a declarar a los tribunales –junto a los demás implicados– sin conocer las palabras de Correa y Crespo. Para simplificar, le interrogaron sobre «el amiguito del alma» de El Bigotes pero no sobre el «!Vamos, hombre, vas a comprar a un presidente por un traje»! de Correa. Constatemos el valor empírico, no jurídico; el testimonio para la formación de la opinión del sanedrín judicial (y, posteriormente, tras levantarse el secreto del sumario, para el veredicto público). Sólo en octubre de 2009, tres meses después del telón que bajaron De la Rúa y Ceres sobre el episodio, vieron la luz las pruebas supuestamente favorables a Camps. Al mundo que orbita sobre el caso Gürtel –los implicados, las defensas, los jueces, los medios, la política en general– se le suministró una nueva mercadería que aún colea. Allí estaban, al abrir Pedreira el sumario, las gozosas grabaciones (para algunos) o las siniestras escuchas (para otros). ¿Hubieran seguido las defensas la misma estrategia? ¿Poseen relevancia jurídica? En cualquier caso, ¿por qué las excluyó la sala del TSJ si acomodó en sus textos centenares de diálogos más? ¿Un despiste? No y cien veces no, contesta el Tribunal Superior de Justicia valenciano. «El magistrado instructor –asegura en su réplica– acordó la incorporación a la causa de aquellas grabaciones que contenían las conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento». ¿Entonces? Se desprende, pues, que sólo se recolectaron las conversaciones de Camps, Betoret, Costa y etcétera. No aquellas –de terceros– en las que se hablaba de estos implicados. ¿Es así después de aplicar el análisis semántico o la hermenéutica al uso? Se diría que sí. Y si lo es, ¿parece razonable? Credos hay en la iglesia.

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