Positiva pero insuficiente

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José Vicente González

La reforma laboral que necesita España debería abordar y resolver, entre otros, tres asuntos fundamentales: el incremento de la productividad, la disminución de la dualidad laboral —en la misma empresa coexisten ahora trabajadores con derechos totalmente distintos— y la adecuación de los salarios a la situación económica. El Decreto de Ley aprobado en el Congreso avanza tímidamente en los tres aspectos. Mejora la situación anterior y por eso nos parece un buen punto de partida pero claramente insuficiente y sobre todo de redacción ambigua y farragosa en muchos de sus artículos.
Nuestro país necesita una reforma en sentido amplio, que garantice la empleabilidad de los trabajadores en un mundo que cambia a gran velocidad. Nuestra tasa de desempleo, aún en épocas de bonanza económica, ha sido el doble que la de los países de nuestro entorno con los que competimos. Conceptos como empleabilidad o flexiseguridad no se pueden abordar aisladamente y muchísimo menos la discusión puede limitarse al coste del despido.
Es necesario incluir en esta discusión con el mismo rango la flexibilidad interna en la empresa, la formación continua, el absentismo, el papel de las mutuas, el diseño de un sistema de prestaciones públicas sociales ligado a la búsqueda activa de empleo y a la cualificación profesional permanente, etcétera.
Por ello, las organizaciones empresariales esperamos que en el trámite parlamentario como proyecto de ley se haga avanzar el contenido del decreto en la buena dirección porque existen mecanismos para ello y pueden alcanzarse mejoras sustanciales que lo hagan más eficaz para conseguir el incremento de la productividad de nuestras empresas, la creación de empleo y transmitir confianza tanto a las instituciones internacionales, incluida la UE, como a los inversores nacionales e internacionales.
En la consecución de dicho objetivo esta organización se va a empeñar para hacer llegar a los grupos parlamentarios sus puntos de vista, que sustancialmente responden a los siguientes criterios: nos parece que el meollo de la reforma está en mejorar la flexibilidad interna de la empresa y la negociación colectiva.
Y en esa línea proponemos que se tomen medidas en la misma dirección que lo han hecho los países que mejor han afrontado la actual crisis en la Unión Europea, como son Alemania, Benelux, Dinamarca, Suecia, etc., creando un marco jurídico de flexibilidad interna sin vetos que capacite a la empresa para organizar y dirigir el trabajo e introducir modificaciones funcionales en cualquier momento, adaptándose a la situación de cada empresa.
Asimismo, las buenas prácticas en materia de formación y polivalencia del trabajador, las modificaciones de condiciones de trabajo (ERE) sin previa autorización de la autoridad laboral y las cláusulas convencionales de vigencia limitada en materias sensibles para la competitividad de la empresa se encuentran entre los instrumentos capitales para lograr la competitividad necesaria de nuestras empresas.
Al lado de esto, encontramos aspectos negativos en la reforma emprendida por el Gobierno, como es, por un lado, la indeterminación de las causas de despido objetivo para facilitar la labor de los jueces. Debiera hacerse un listado de las causas objetivas para que la función de los jueces fuera la de comprobar si existen esos cambios objetivos definidos.
Como es imposible reflejar toda la causalidad, quedarían a la interpretación de los jueces sólo aquellas situaciones no definidas en el listado. Una de las causas objetivas que debería figurar, más allá de las pérdidas de la empresa, es la situación de la cartera de pedidos, la entrada de pedidos en los últimos meses o conceptos similares. La falta de actividad es la causa principal por lo que las empresas necesitan reajustar sus plantillas y no cualquier otra.
Como conclusión, debo reiterar el compromiso de los empresarios en seguir trabajando y aportando nuestros criterios para que la reforma del mercado de trabajo sea la más eficaz para los intereses de las empresas, pero también de los trabajadores, que a fin de cuentas es el interés del país.

Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

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