El decreto de reforma laboral aprobado por el Gobierno del PSOE y ratificado por el Congreso de los Diputados (con el voto en contra de IU) dice tener como primer objetivo «reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y de calidad». Para conseguirlo rebaja la protección del empleo indefinido hasta prácticamente igualarlo con el temporal. Hasta ahora, la llamada dualidad del mercado de trabajo se manifestaba en la diferencia entre la indemnización por finalización de un contrato temporal (en el mejor de los casos, 8 días por año) y la del despido improcedente (45 ó 33 días, según el tipo de contrato) o por causas objetivas (20 días, de los cuales el Fogasa pagaba 8 días en las empresas de menos de 25 trabajadores). Con la reforma laboral del PSOE se amplían los supuestos de utilización del contrato indefinido de fomento de empleo (de 33 días), hasta dejar el fijo (de 45 días) como una realidad residual y a extinguir. Pero lo más relevante es que se modifican las causas del despido objetivo (de 20 días) para permitir su aplicación cuando la empresa tenga una «situación económica negativa» o en los supuestos que hasta ahora se preveían para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, teniendo tan sólo que justificar «mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a mejorar la situación de la empresa o a prevenir una evolución negativa de la misma». Esto supone instaurar el despido por causas subjetivas, e incluso el preventivo, sin una tutela judicial efectiva, pues ya no se exigirá la acreditación probatoria de su necesidad para garantizar la viabilidad de la empresa. En la práctica, a partir de ahora las empresas podrán prescindir de sus trabajadores con una indemnización de 20 días por año... de los cuales sólo pagarán 12, porque el Fogasa se hará cargo de 8 en todos los casos (ya veremos si este fondo puede asumir tal volumen de gasto... o acaban financiándose los despidos vía impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social).

Al mismo tiempo, el chocolate del loro de la reforma es la ampliación progresiva de la indemnización por finalización del contrato temporal por obra o servicio: 9 días por año para los contratos formalizados en 2012, 10 días en 2013, 11 días en 2014 y 12 días en 2015. Llegados a esa fecha, para cualquier empresa (grande o pequeña) tendrá el mismo coste la finalización de un contrato temporal que la rescisión unilateral de un contrato indefinido: 12 días por año.

Así, el PSOE habrá dado plena satisfacción a la derecha política y económica, que pedía acabar con la dualidad del mercado de trabajo, y al mismo tiempo presumirá de reducir la temporalidad. Habrá sido muy fácil: todos fijos al mismo coste que los temporales o, mejor dicho, todos temporales pero con contrato indefinido. ¿Alguien puede afirmar sin ruborizarse que eso es crear empleo estable y de calidad? Sólo este sustancial retroceso en los derechos de los trabajadores es suficiente motivo (y hay muchos más) para hacer la huelga general contra un Gobierno que parece dispuesto a llevar hasta el final el programa económico de la derecha: rebajas salariales, abaratamiento del despido, retraso de la edad de jubilación, copago sanitario, etc. Como trabajadores, tenemos el deber y la obligación de defender los derechos que tantas décadas de lucha nos costó obtener.