Las actuaciones emprendidas por la Agencia Tributaria sobre las cerca de tres mil cuentas opacas de españoles en la filial suiza del HSBC, que salpican a 32 fortunas valencianas, según ha desvelado Levante-EMV, deberían contar con luz y taquígrafos para evitar cualquier sombra de duda sobre una posible amnistía fiscal. Técnicos e

inspectores de Hacienda, que han quedado al margen de las actuaciones, han hecho públicas las primeras sospechas sobre el «trato de favor» dispensado a los titulares de estas grandes fortunas. La primera es que se haya decidido enviar cartas de requerimiento para regularizar patrimonios que no se han declarado desde el año 2005 en lugar de haber iniciado una investigación sobre estas cuentas opacas. Los técnicos de Hacienda ya han alertado de que la última vez que se actuó de esta forma, con las cuentas localizadas en Liechtenstein, la Agencia Tributaria sólo pudo recuperar el 20% del dinero presuntamente evadido al fisco. De hecho, todo indica que hasta el momento —y el plazo termina el día 30 de junio— ninguno de los titulares de las fortunas ha decidido darse por aludido al requerimiento. Parece, incluso, que los despachos de abogados de los sospechosos les están aconsejando no contestar al considerar que el origen ilícito de la filtración de las cuentas podría anular un posible proceso penal. Y ahí aparecen nuevas dudas: ¿Desde cuándo sabe el Gobierno que existen estas cuentas? —el empleado que filtró el listado con los datos a Francia lo hizo en 2007—. ¿Por qué no se ha actuado antes? Son cuestiones a las que no se puede responder, como hizo el director de la Agencia Tributaria, López Carbajo, con un simple: «Llegaremos hasta el final.» La mayoría de los ciudadanos ha experimentado la diligencia de Hacienda en sus inspecciones a las

pequeñas empresas o en la habilidad que muestra al encontrar errores de apenas unos euros en las declaraciones de la renta. Por eso se hacen más necesarias que nunca la transparencia y la contundencia en la actuación contra quienes evaden capitales.