Desde 1978, cuando por consenso los españoles empezamos a superar una parte de nuestros problemas históricos, se han traspasado a las comunidades autónomas 821.001 funcionarios y 1.943 competencias (Cataluña, a la cabeza con 185, y la cuarta, la CV con 131, por encima de la media) y nos dotamos de gobiernos autonómicos dándoles la legitima responsabilidad de gestionar una gran cantidad de servicios que afectan nuestro día a día. En sus presupuestos, las partidas más importantes son: sanidad, educación y ayuda social, junto a otros capítulos (canales autonómicos, empresas públicas, etc.). Otros servicios siguen siendo, en mayor o menor medida, responsabilidad de la Administración central (pensiones, redes de infraestructuras del transporte, seguridad, etc.) y sus prestaciones son homogéneas a lo largo y ancho del Estado, mientras las CC AA han desarrollado políticas propias y, por ello, en legítima democrática, existen diferencias en las cantidades gastada por persona en cada servicio, en criterios de gestión, y en el fondo en su sostenibilidad ante las duras condiciones económicas actuales.
Las CC AA han puesto en marcha políticas basadas en unos ingresos obviamente consensuados entre todas los españoles, alimentados tanto por los impuestos recaudados directamente, como por transferencias procedentes del Estado. El gasto anual del conjunto de CC AA ha crecido un 9% de media anual entre 2003 y 2009 (un período que incluye anualidades con importantes caídas del PIB) y las previsiones indican que su déficit conjunto alcanzará el 20% de los ingresos en 2010, aunque con importantes diferencias entre ellas.
Ante las dificultades presupuestarias existen dos caminos, a la espera de tiempos mejores: la deuda pública y la elaboración de presupuestos que no siendo realistas son una especie de patada hacia adelante. Aunque la deuda de una autonomía no puede compararse cualitativamente con la de un Estado soberano, lo cierto es que la CV ha recurrido con profusión al primer mecanismo, siendo la más endeudada de todas, en función de su dimensión: el 15,1% del PIB, frente a la media nacional del 9%, y ello sin contar las deudas de empresas públicas, fundaciones y otras obligaciones de futuro ya asumidas. Con el deterioro dado desde 2008, nuestra deuda pública consolidada total puede alcanzar el 170% de los ingresos corrientes al cerrar 2010. Hasta ahora, la deuda ha sido posible por la respuesta favorable de los mercados y por el soporte institucional existente, pues el Gobierno del Estado ha suministrado garantías y apoyo cuando se han producido tensiones presupuestarias autonómicas. Una situación hoy definitivamente agotada, cuando el Ejecutivo central está intensificando su presión sobre las CC AA para que limiten los gastos, de la misma forma que Bruselas está presionando al Gobierno español para que estabilice sus cuentas públicas.
En lo referente a las hipótesis presupuestarias, en la CV hay situaciones que no pueden sostenerse por más tiempo. Ante la pregunta que da título a estas líneas, aclarar que Sanidad, una conselleria con un presupuesto del 40% del total de la Generalitat (unos 5.800 millones de euros), bajo la hipótesis de que esta partida sería objeto de control, tiene el gasto farmacéutico prácticamente congelado en unos 1.165 millones. Año tras año, las desviaciones han sido muy importantes, como ha ido indicando la Sindicatura de Comptes. Aunque las oficinas de farmacia siguen cobrando, el último dato que he conocido produce algo más que alarma: a 30 de abril, las obligaciones ya habían llegado al 61,59% de lo previsto para todo el 2010, lo que, en una primera aproximación, supondría enfrentar los 8 meses restantes con el 38,5%. El traspaso de partidas ya ha empezado, pero la superación ahora se antoja muy difícil, sin nadie que siga dispuesto a incrementar su deuda con la Generalitat y con grandes proyectos por pagar, como la puesta en marcha de la nueva La Fe. Estamos hablando de las condiciones en las que enfermaremos y moriremos en la CV.
Mas allá de la discusión de los economistas, parece muy difícil llegar a un cierto equilibrio presupuestario, sin medidas priorizadas de control del gasto:
— El impacto de la crisis en nuestro territorio está siendo más grave que en la mayor parte de nuestros homólogos españoles y europeos. Tuvimos una caída del PIB del 4,3% en 2009, la segunda mayor bajada a nivel nacional y un aumento del paro del 23% en el primer trimestre de 2010, el quinto español. La perspectiva cualitativa habla de un 2010 de recesión, seguido de dos años (2011 y 2012) de crecimiento por debajo del 1%.
— Se estima que, sin mediar grandes correcciones, la evolución de la deuda total del sector público valenciano se elevará al 185% de los ingresos corrientes en 2012, muy superior a la previsión media de autonomías que será del 110% en 2012 (lo que, a su vez es mas del doble del nivel de 2007).
— Con independencia de lo que se piense de la actuación que han tenido las agencias de calificación, Standard&Poor´s (S&P) rebajaba en junio la calificación crediticia de la CV (pasándola de AA- a A-1 en el largo plazo, y de A+ a A-1 en el corto) con una perspectiva de seguir siendo negativa.
— A medida que transcurre el año, se confirma que con el descenso de la recaudación, el coste del endeudamiento y la presión de los gastos corrientes, no se verán compensados por los 1.100 millones adicionales que la Generalitat recibirá con el nuevo sistema de financiación autonómica.
En la convicción que es necesaria una reacción democráticamente explicada y colectivamente asumida, hay que pedir la toma de decisiones de forma inmediata. La falta de reacción produce un cierto nivel de angustia, ya que la ausencia de medidas concretas que afecten a las obligaciones propias de la Generalitat no es razonable. Estamos ante una falta de reacción que recuerda lo vivido con motivo del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros y se incrementa el temor de que puedan ser una serie de circunstancias jurídicas, que están en la mente de todos, la razón que pueda explicar la actual falta de liderazgo frente a la crisis.
El debate de dónde y cuánto cortamos es obligatorio. Si nuestra clase política no es capaz de afrontarlo y hacer propuestas claras acerca de nuestras prioridades, alguien habrá dañado irreparablemente la convivencia entre los que aquí vivimos.
Catedrático de Computación. Universitat de València
05:30
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