Tras 48 horas de encendido debate político sobre las formas de su detención, la comparencia de ayer del presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial ante el juez sitúa la cuestión en su auténtica dimensión. El fondo. Y el fondo es que José Joaquín Ripoll salió del juzgado de Orihuela imputado. Se le acusa de cinco supuestos delitos y aunque el juez que se aclamó al TSJ porque se enteró de la operación policial por terceros —estaba de libranza, según Antonio Clemente (PP)— no le impuso la fianza que reclamaba el fiscal, sí le obliga a comparecer periódicamente ante el juzgado. Motivo por el cual ya no podrá ponerse como ejemplo, ni pedir la dimisión de sus camaradas imputados en otros casos —en concreto, del presidente de la Generalitat y del PP autonómico, Francisco Camps—. Medicina que no dio signos anoche en su comparecencia sin preguntas ante la prensa de que fuera a tomarse en las próximas horas.
Quien sí que deberá tomar la que le corresponda con arreglo a su dolencia específica es Rajoy. La confirmación de que Anticorrupción no obró movida por el odio o la parcialidad le deja ante un panorama atroz: el de una organización manchada de norte a sur. Con el agravante de que, como en los anteriores casos no ha querido, no ha podido o no se atrevido a actuar tampoco va a poder hacerlo ahora contra Ripoll sin incurrir en agravios comparativos. Es lo malo que tienen estas graves inhibiciones.
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