En los últimos meses, el sistema financiero español ha vivido una reconversión en profundidad que tomará tintes revolucionarios en cuanto empiecen a aplicarse los cambios aprobados ayer por el Gobierno en la ley que regula las cajas de ahorros. En lo que llevamos de año, el mapa de las cajas se ha transformado totalmente con una serie de fusiones, en su mayoría de carácter virtual mediante SIP, que han reducido a más de la mitad el número de 45 cajas de ahorros que existían hasta ahora. Ese proceso, aún no finalizado, se ha llevado por delante a las dos grandes cajas valencianas —Bancaja y la CAM—, que han quedado bajo el liderazgo, respectivamente, de Caja Madrid y Cajastur. Pero la reforma legal aprobada ayer va mucho más allá porque contempla diversas fórmulas de gestión, con el propósito de permitir la capitalización de estas entidades, que incluyen su privatización, al contemplar cuotas participativas con derechospolíticos de hasta el 50% del capital, e incluso su desaparición, dado que, si se supera el 50%, las cajas se transformarán en fundaciones (para gestionar la cada vez más menguante obra social) y cederán toda su actividad financiera al banco que van a crear todos los SIP que se están constituyendo. No es seguro que todas las entidades sigan este camino, pero sí es muy probable que lo hagan las mayores. La dictadura del mercado, recelosa de las cajas, ha propiciado la bancarización de estas entidades de centenario origen social.