Asisto en el Club Diario Levante a la mesa redonda, organizada por la Fundació Valencianista i Demòcrata Josep Lluis Blasco, en la que participan Jordi Palafox, catedrático de la Universitat de València, ex consejero de Bancaja; Xavier Ribera, periodista; y Pere Mayor, presidente de la citada fundación, con el tema «Un país sense caixes d´estalvi». Xavier Ribera hace un documentado análisis de los antecedentes financieros de la sociedad valenciana que pasan, entre otros, junto con las cajas, por el Banco de Valencia, el de la exportación —Promobanc— el proyecto de la Corporación Financiera del País Valenciano y el de la Corporación Industrial del País Valenciano. Ambiciosos proyectos y fallidas realidades que ponen de nuevo de actualidad la opción por la que se ha optado, en el caso de las dos grandes cajas valencianas, Bancaja y CAM, tercera y cuarta de España, ante condicionantes políticos o económicos, escasamente explicitados —y sólo informados a posteriori, hasta ahora, a diferentes colectivos empresariales—aún afectando a los propios intereses políticos y sociales del país.
¿De qué país? se preguntaba Jordi Palafox al cuestionar el propio título de la mesa redonda. ¿Nos encontramos realmente con un país consciente de que carecerá, en un futuro próximo, de los instrumentos financieros necesarios para hacer frente a la reestructuración económica, que las pequeñas y medinas empresas valencianas, propias de nuestra realidad social, requieren? Sin duda sí, este es el país ante el que nos encontramos, se contestaba, atendiendo a la situación en la que nuestro tejido industrial (pequeño y mediano, no así el grande) no podrá acceder al crédito en las mismas condiciones de proximidad que las actuales, cuando las decisiones se adopten en la lejanía, careciendo del conocimiento necesario de nuestra realidad empresarial. Acaso, entonces, ¿la sociedad valenciana no habrá vuelto a sufrir un nuevo desencuentro social, en esta ocasión con motivo del desplazamiento de los centros de decisión de las cajas de ahorros, cuando se produzca la recuperación económica —que a buen seguro llegará— y los agentes económicos lamenten entonces la carencia de estas infraestructuras financieras básicas próximas, al haber carecido precisamente del suficiente sentido de país?
Pere Mayor puso hace unos días el dedo en la llaga, en estas mismas páginas de Levante-EMV, al comprometer la respuesta de la sociedad valenciana, a la actitud que los diferentes colectivos adopten, en los órganos de gobierno y representación de las cajas, cuando se lleven a cabo las correspondientes asambleas generales, comenzando en la de Bancaja, por la entidad fundadora, la Real Sociedad Económica de Amigos del País (RSEAP). Y quien dice la RSEAP, dice los representantes de los trabajadores, de los impositores, de los consumidores y usuarios, y de la Generalitat y ayuntamientos. Así, en el caso del de Valencia, o del de Alicante, ¿cuál será su postura al respecto? ¿Han valorado suficientemente las oportunidades que aportaba una fusión entre las cajas valencianas o sólo los inconvenientes que pueden no ser mayores que aquéllos por los que se ha optado?
Por qué en otros lugares sí cabe una fusión autóctona, como en el caso de las cajas catalanas, gallegas, andaluzas, y aquí la opción nos llevaba en un caso hacia Asturias y en otro hacia Madrid. Sí ésta era verdaderamente la mejor opción, por qué no haberlo explicado con anterioridad. Y si no lo era, qué otros condicionantes políticos han podido influir para que los valencianos nos hayamos quedado, como tantas otras veces, sin capacidad suficiente de decidir. ¿Será que más que cajas lo que nos falta es, una vez más, país?