Consumidores en tiempos de crisis

Las calorías del Burger King, la bollería o simplemente las horas que los menores deben pasar frente al televisor son ejemplos de la fiebre intervencionista que Gobierno central y gobiernos autonómicos tienen a la hora de influir en los gustos y costumbres de los consumidores. ¿Dónde está el límite? ¿Cuáles son las prioridades en tiempos de crisis? ¿Cómo puede afectar la recesión a los derechos de los consumidores? La relación de desigualdad existente entre el consumidor y las grandes compañías ha propiciado que la mayoría de países occidentales haya intervenido en el mercado para corregir esta situación de desequilibrio. Sin embargo, un intervencionismo mal gestionado puede dar lugar a que las desigualdades e injusticias sociales ya existentes se incrementen.El Tribunal de Justicia Europeo ha emplazado a los estados miembros a garantizar la protección de los consumidores a través de la educación y la información. No obstante, los ­países parecen olvidar que a la hora de informar existe una pluralidad de ciudadanos con una formación distinta. Por ello, todas aquellas personas que posean un nivel de educación medio-alto tendrán una mayor capacidad de autodefensa y, en consecuencia, una mejor comprensión de los mecanismos legales para la interposición de demandas contra las empresas. Colectivos con una formación baja se encuentran en una situación de desigualdad. Estos desequilibrios sociales transcienden la esfera del consumo y aterrizan en otros campos como, por ejemplo, el acceso al crédito. Elemento que en la década de los sesenta dio origen al Movimiento de los Derechos Civiles en Estados Unidos. El Estado se ve forzado a intervenir para proteger al consumidor. En los países nórdicos, el Estado invierte una cantidad importante de dinero destinada a familias en bancarrota y colectivos desfavorecidos que por causas de fuerza mayor no pueden hacer frente al crédito. Evidentemente, estos sacrificios sociales sólo son posibles si detrás existe un Estado con recursos económicos. La regulación tiene un coste muy elevado, tanto para la sociedad como para las empresas afectadas. En tiempos de crisis, el Estado del Bienestar se tambalea y mucho de los derechos adquiridos por los ciudadanos corren el riesgo de ser restringidos. Las asociaciones de consumidores deben estar alerta para que ninguno de los derechos conseguidos por los consumidores se vea afectado por la crisis económica. Las desigualdades en materia de consumo también pueden convertirse en fuente de conflictividad social. El Gobierno central y los autonómicos, por su parte, deben ser más responsables a la hora de intervenir y desarrollar leyes, estableciendo prioridades. Siempre debe prevalecer la seguridad y los derechos de los consumidores y evitar que las legislaciones traspasen la frontera de lo personal y acaben regulando sobre aspectos de carácter puramente personal como son los gustos, las costumbres y las necesidades de los consumidores.