Las cuentas claras

En 1991 la Unión Europea aprobó una de las directivas ambientales de mayor calado desde la creación de este organismo: la directiva de depuración de aguas residuales urbanas (91/217). Por vez primera se obligaba a todas las localidades con más de 2.000 habitantes a depurar sus aguas residuales. Se marcaban plazos y procedimientos para el cumplimiento de esta obligación. Se inició —afortunadamente— una carrera para la construcción de estaciones de depuración de aguas. Se obligaba a todos los estados europeos a publicar regularmente las cifras básicas de depuración de sus aguas residuales. Pues bien, casi veinte años después, en España no sabemos la cantidad real de agua que se depura. En nuestro país la competencia de la depuración de aguas residuales urbanas es básicamente autonómica. Y aquí vienen las diferencias. Hay comunidades autónomas que han hecho muy bien sus deberes en este tema (Cataluña, C. Valenciana, Canarias, Madrid, Baleares, Murcia). En otras no se han cumplido nunca los plazos y objetivos fijados desde Europa. El resultado: nos falta la cifra total de agua residual depurada y el volumen que se reutiliza. Y el dato no es baladí. A lo mejor si reutilizásemos todas estas aguas, no harían falta tantos trasvases ni tantas desaladoras…

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