Fabra, contra las cuerdas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado quince años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos contra la hacienda pública, de tráfico de influencias y cohecho. El escrito de calificación del fiscal se presentó ayer en el juzgado de Nules, que el pasado 1 de julio decidió continuar el procedimiento abierto contra Fabra; su esposa, María Amparo Fernández Blanes; el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives Plaja. El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer y ocho para la esposa de Carlos Fabra por fraude fiscal. Además, solicita para el presidente de la Diputación de Castellón una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado. El origen de estas diligencias está en la denuncia presentada en 2003 por Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones en el Gobierno para agilizar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. Tras conocerse el escrito de calificación de la Fiscalía, la dirección del PP nacional dijo que está a la espera de que el juez se pronuncie para ejercer medidas disciplinarias. Sea como fuere, los fundamentos de la Fiscalía parecen lo suficientemente sólidos como para que Fabra asuma la imposibilidad de continuar en la vida política de forma ordinaria. El PP tiene un problema en Castelló y Fabra ha de ser consciente de que lo genera él.