Una Justicia deshumanizada

Después de leer los diferentes documentos protocolarios de la nueva oficina judicial, hemos comprobado que únicamente se ocupa de establecer una macroestructura jerarquizada y un dudoso sistema alternativo de gestión que no tiene en cuenta las auténticas necesidades de la justicia y de los ciudadanos. La nueva estructura propone que las gestiones judiciales se realicen de forma mecánica y despersonalizada, olvidando que en los expedientes se debaten asuntos graves y delicados, como por ejemplo, órdenes de prisión o libertad, separaciones matrimoniales y otros derechos fundamentales. El gran problema de la nueva estructura es que elimina la actual tutela de cada expediente por parte del funcionario encargado. Ésta es la base del funcionamiento del sistema, puesto que la persona encargada de un expediente es quien mejor conoce sus peculiaridades.
En cambio, con el nuevo sistema, la tutela del expediente en su conjunto se deja «en tierra de nadie», puesto que se asignan responsables para cada trámite, pero no para el expediente en su conjunto. Este enorme agujero bajo su línea de flotación obligará a usuarios y abogados a continuos desplazamientos entre diferentes departamentos para intentar averiguar quién puede solucionar su incidencia particular. El nuevo sistema obliga a duplicar y hasta cuadruplicar los trámites internos, lo que inevitablemente producirá un retraso en los tiempos de respuesta de la justicia. Por ejemplo, un trámite tan habitual como la incoación de previas con sobreseimiento (en cualquier capital se producen cientos diariamente) se realiza ahora por una sola persona. En cambio, a partir de esta reforma, ese mismo trámite obligará a la intervención de al menos tres funcionarios (uno por cada servicio implicado) y de tres listados de envíos con sus correspondientes itineraciones y sus registros de entrada y salida. Es decir, que algo que ahora ocupa unos 10 minutos de trabajo, pasará a ocupar más de 2 horas.
Estamos ante un sistema que se ha desarrollado al margen de los funcionarios judiciales y sin tener en cuenta una visión práctica del proceso judicial. Ahora mismo, todos los juzgados y tribunales funcionan gracias a unos técnicos superiores que toman las decisiones (jueces y secretarios) pero, sobre todo, gracias al conjunto de funcionarios que asumen como propios sus respectivos procedimientos judiciales y se desviven para que dichos procedimientos se tramiten con celeridad.
El personal judicial está soportando a diario una gran carga de trabajo a causa del aumento de la litigiosidad y continuará trabajando con la misma dedicación y cumpliendo escrupulosamente con su horario. Ahora bien, el posible colapso que puede provocar corresponderá única y exclusivamente a las ilustres mentes pensantes que han tomado las decisiones.