El Consell de la Generalitat y los responsables del departamento de Territorio y Medio Ambiente parecen haber decidido mirar hacia otro lado y disculpar el error del director general de Urbanismo, José Luis Selva, quien, como el Ejecutivo, ha admitido que intervino en trámites y firmó una propuesta de resolución sobre la reclasificación de un terreno en Villena del que es copropietario.
Las leyes sobre incompatibilidades son muy exigentes en cuanto a la intervención de funcionarios y altos cargos en asuntos que atañen a sus intereses personales. Lo sabe bien el titular de Medio Ambiente, el vicepresidente Juan Cotino, quien varias veces ha tenido que ausentarse de reuniones ejecutivas porque se iban a tratar asuntos relacionados con su patrimonio o empresas de su familia.
En el caso de Selva Ros, su firma compromete un expediente que reclasifica un terreno de Villena que se viene dedicando al cultivo de cereales y que, por iniciativa de una empresa, albergará una de las mayores centrales termosolares de Europa, comprando para ello una partida de suelo en la que el aún director general es copropietario de 250.000 metros cuadrados.
El respeto a la legalidad es siempre exigible en la acción política, pero más si cabe en el urbanismo, área en la que una línea o una trama disparan o hunden el valor de unos bienes. Y si los gestores no están libres de toda sospecha, carecerán de legitimidad para imponer el cumplimiento de la norma ante los ciudadanos.
