Una de las medidas de ahorro adoptadas por el Ayuntamiento de Valencia es el apagado de una de cada dos o de cada tres (según la calle) luces de farolas, y los tubos fluorescentes de dos de los cuatro puentes de Calatrava. Hay quien piensa, como la alcaldesa Barberá y parte del vecindario, que la luz es sinónimo de seguridad, y que cuanta más mejor. Otros en cambio opinan que la política de alumbrado público en los últimos 20 años ha sido un exceso, un escándalo, con más de 250 millones de euros gastados en báculos e instalaciones nuevas.
Pero por encima de las opiniones están los datos: Madrid y Barcelona gastan entre 56 y 58 kilowatios/hora por habitante en alumbrado público al año, y Valencia supera los 110´19 kw/h/h. Y nadie podría asegurar con cifras que en la ciudad del Turia hay más seguridad que en las otras dos capitales porque hay más farolas en sus aceras.
Con este panorama, una buena solución para recuperar capital gastado y volver a números aceptables y sostenibles es poner en venta fanales y bombillas. Tras el apagado de entre la mitad y un tercio de los puntos de luz para ahorrar por la crisis, uno se pregunta en qué escenario económico más favorable estará justificado volver a enceder las lámparas que ahora descansan. En ninguno. Respuesta correcta. Habrá que aprovechar la sustitución prevista de miles de postes de alumbrado no sólo para eliminar los de bola redonda que iluminan el cielo sino también para reducir el número de bombillas de cada poste, el de las que nunca volverán a brillar.