En ocasiones, la dialéctica política merece pasar el filtro de la sensatez. No se trata de glorificar el populismo sino de deslindar en sus justos términos las declaraciones interesadas –electoralistas e intencionadas– del campo legítimo donde ha de brotar la política con mayúsculas. Al calor de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, los dirigentes políticos valencianos se han sumergido en una voraz irracionalidad. El presidente Camps, el conseller S. Castellano, el portavoz Ángel Luna; el secretario general del PP, A. Clemente; el conseller R. Blasco y los demás, golpeados por el viento unificador, se han apresurado a demonizar el veto y a prevenir sobre sus consecuencias reflejas en la Comunitat Valenciana. Saben, sin embargo, que no hay tal debate. No en vano la Generalitat Valenciana tiene un expediente abierto para declarar bien de interés cultural los festejos taurinos, incluida la fiesta nacional, con el fin de «defender el valencianismo y las tradiciones culturales». S. Castellano se anticipó a la réplica de la dirección nacional de su partido sobre la prohibición de los toros en Cataluña. En eso, la Generalitat está a la vanguardia de la corriente protaurina. El debate, pues, es hueco. Es más, Castellano advirtió, cuando anunció la iniciativa, que no se debía hacer política con la fiesta nacional. Justo lo contrario de lo que acontece.