Conciero para Consell y bandas

La Generalitat ha recortado drásticamente las subvenciones a las sociedades musicales y a las escuelas y conservatorios de música. Pero también a las escuelas infantiles de primer ciclo, a las bibliotecas, a la promoción del uso social del valenciano, al IVAM y el Palau de les Arts y va a reducir plantillas de profesores. Sus motivos tendrá y pueden ser la disminución de los ingresos, el endeudamiento, los costes de intermediarios y la preferencia por otros gastos llamados productivos.
Hay razones para criticar al gobierno y su forma de gestionar este asunto encomendado a un conseller sin competencias en corcheas. Pero nos equivocaríamos si no aprovechamos estas circunstancias para mirar también del otro lado. Porque la crisis de las sociedades musicales no viene sólo de los recortes de las subvenciones, que la ha precipitado. Es difícil no reconocer la importancia social de las agrupaciones musicales de la Comunitat Valenciana y la aportación cultural de las bandas y otras formaciones musicales y de las escuelas, hasta el punto de que no pocos consideran que deberían ser declaradas bien de interés cultural. La actividad de estas sociedades potencia la creación musical, difunde la música y crea aficionados, despierta vocaciones y forma profesionales y, en general, mejora la calidad cívica de nuestras ciudades. No sé cómo lo consiguen otros países de nuestro tamaño aunque carecen de este entramado asociativo. Lo cierto es que las bandas no son lo que eran. Las sociedades musicales históricas eran financieramente suficientes. Cuotas de socios, loterías, concesiones del bar y actuaciones permitían atender gastos de la sede social, adquisición de instrumentos y gratificaciones de profesores benévolos. Hoy todo es mucho más caro y complejo. Hay que pagar salarios y seguridad social, impuestos y derechos de autor o la contratación de los músicos de refuerzo en conciertos y certámenes. Y los ingresos propios de la sociedad no cubren gastos. El aumento de las bandas limita sus desplazamientos a otros pueblos y disminuye las actuaciones. Muchas fiestas contratan particiones mínimas o charangas desvinculadas de sociedades. Los espec­tácu­los musicales han sido sustituidos por discomóviles y la oferta de conciertos sinfónicos ha aumentado considerablemente y hay otras fuentes de disfrute de la música. Así las cosas, hay que recurrir a la ayuda institucional y a la multiplicación de actos como trobades, encuentros comarcales, certámenes diversos, cursos de verano y otras que, si no se gestionan bien, suponen más gastos que ingresos.
El conseller Castellano se verá obligado a tratar con la Federación de Sociedades Musicales de céntimos y de subvenciones pero a lo mejor deciden hablar también del desarrollo de la Ley de la Música y de un mapa de competencias y coordinación de las instituciones públicas o de la formación de gestores. Tal vez se comprometa a la realización de un estudio de los aspectos sociales y económicos de la música en Valencia y su viabilidad futura.
Aunque no haya dinero, por el momento, pese al compromiso de la ley de crear el Programa Autonómico de Financiación de las enseñanzas musicales por un período de diez años. Ése era el horizonte temporal, entiendo, en el que las sociedades musicales deberían encontrar bases seguras de futuro.